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Al sistema judicial lo integran varias partes. Actualmente hay deficiencias en investigación, prevención y readaptación, por lo tanto, el sistema no está cumpliendo satisfactoriamente su cometido y se presenta una ineficiente aplicación de la justicia.
La entrada en vigor de un nuevo modelo, en 2016, buscó dar a las acusaciones sustento científico y hacer de la investigación la parte central del sistema de justicia, pero el avance va a marchas forzadas.
La prevención del delito, esencial en el combate al crimen, no tuvo presupuesto federal este 2017.
La mayoría de las cárceles estatales en el país resultaron reprobadas por la evaluación que hizo recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El sistema de justicia, en suma, tiene flancos débiles. El Estado de derecho pleno será un objetivo lejano de alcanzar mientras una de las partes no funcione de manera adecuada.
Esta vez las cárceles que han quedado expuestas son las del Estado de México, como antes lo fueron las de Nuevo León, Tamaulipas, Durango o Guerrero. Un reo ha desfilado a lo largo de una década por más de una decena de penales mexiquenses y en todos ha llegado para ponerse al frente del control en los centros penitenciarios. Enfrenta procesos por secuestro, extorsión y homicidio pero hasta ahora no tiene ninguna sentencia.
No es la primera ocasión que la justicia es tardada. Esta semana se conoció que Naciones Unidas recomendó al gobierno federal liberar a dos reclusos que llevan 15 años presos y aún no han recibido sentencia. En el caso se documentó que la declaración de los detenidos fue obtenida mediante tortura.
La impartición de justicia, por cierto, se suma a los flancos débiles.
Si alguien ingresa a prisión por delitos menores y tiene que convivir con reos de alta peligrosidad, quienes son los verdaderos dueños de la cárcel, no tendrá más opción que acatar las “órdenes” si quiere conservar su vida. Matar es un delito común en los penales.
¿Por qué los gobiernos estatales parecen no asumir a plenitud sus responsabilidades? Ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que no pretenden agraviar a ningún gobierno sino coadyuvar, pero la autoridad “no ejerce sus funciones y de plano se ausenta de la gobernanza que debe prevalecer en las cárceles”.
