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Hay millones de personas en el país, principalmente aquellos menores de 35 años, que saben muy poco sobre control de precios o precios congelados. A ellos les ha tocado vivir una etapa en la que la economía mexicana ha tenido que competir en el mundo en condiciones de apertura y de igualdad ante el resto de sus socios.
Desde mediados de la década de los 80 el país fue cambiando poco a poco su economía. Atrás iban quedando los precios únicos para productos, y aparecían términos como competencia, valor agregado e innovación.
El sector energético fue de los últimos en abrirse y en adecuarse a los estándares internacionales. En 2017 se liberó el precio de la gasolina, una experiencia nada gratificante para la población; a principios de ese año los aumentos desataron protestas sociales.
En el proceso electoral que vive el país, el candidato Andrés Manuel López Obrador anunció hace unos días que de ganar el próximo 1 de julio congelará los precios de la gasolina durante los primeros tres años de su administración.
Ahora los gasolineros advierten posibles consecuencias si se da ese escenario: se frenarán inversiones por 16 mil millones de dólares que se habían previsto para construir nuevas estaciones de servicio e infraestructura para almacenar, distribuir y transportar combustibles.
Plantear en la actualidad el control de precios es una medida obsoleta y fuera de lugar. Poner límites en los costos de artículos no alienta la producción. ¿Para qué esforzarse por generar un bien o por ofrecer un mejor servicio si el productor o el empresario no puede fijar el precio? En este caso el control lleva a una menor oferta de bienes.
No se puede negar, sin embargo, que para el consumidor el único dato relevante es que la gasolina ha bajado de precio en Estados Unidos mientras en México ha ido a la alza, que los incrementos se dieron por encima del resto de otros productos e incluso generaron índices inflacionarios que no se habían visto en casi dos décadas, pero no por ello hay que volver a prácticas superadas.
El mes pasado la Comisión Federal de Competencia Económica anunció que investiga posibles prácticas de gasolineros que atentan contra la competitividad y que eventualmente irían en perjuicio del cliente.
Esa debe ser la función del gobierno: más que imponer o congelar precios, regular el mercado e impedir la confabulación de grandes consorcios para cometer abusos.
El estado tiene que ser facilitador de inversiones y no un obstáculo.
