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La población de los distintos estados del país que fueron golpeados por el sismo del pasado 19 de septiembre busca volver a la normalidad, a su vida cotidiana. Esto incluye que las personas que perdieron su casa la recuperen, que quienes trabajan y no disponen temporalmente de lugar de trabajo regresen a sus oficinas, y que los estudiantes vuelvan a la escuela.
El sismo de 1985 en la Ciudad de México, así como las tragedias que repetidamente provocan los desastres naturales en territorio nacional, demuestran que la reconstrucción en nuestro país suele llevar tiempo y que se logra con paciencia, una visión definida y desde luego recursos. Volver a la vida siempre resulta un reto importante, tanto para las autoridades como para las poblaciones afectadas.
Para que la ciudadanía en la capital, en el Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla recupere su vida cotidiana, es necesario que las autoridades locales les den el visto bueno a los lugares en donde desempeñan sus actividades, sean propiedades de uso habitacional, oficinas o escuelas.
Empero, ante un saldo tan grave, en el que autoridades de Protección Civil calculan que mil 500 edificios están en riesgo o inhabitables, además de las necesarias revisiones a miles más, cabe preguntar si los gobiernos tienen el talento humano y la capacidad operativa para resolver tanta demanda en el corto plazo.
En el mismo tono, han surgido oportunas denuncias públicas de organizaciones de la sociedad civil sobre la falta de formalidad de peritajes que se están haciendo en centros escolares. Ante ello vale cuestionar: ¿quién está realizando estos peritajes? Y sobre todo, ¿quién se hará responsable de los estudios y quién les dará el visto bueno?
Es necesario que la revisión de las propiedades en riesgo se dé en los plazos que efectivamente garanticen la seguridad de quienes aspiran a recobrar su vida cotidiana. La voluntad política debe estar motivada por el bienestar de la ciudadanía también en el mediano y largo plazo, no por la prisa de tramitar este proceso sin cuidar la calidad del mismo.
Las autoridades federales y locales no pueden verse rebasadas en este momento, particularmente, del mismo modo que es su deber gestionar de forma adecuada el trámite que posibilite la vuelta a la normalidad de miles de personas, sin ponerles en riesgo. De ahí que se requiere transparencia en las declaratorias de inmuebles que queden libres de riesgo, principalmente viviendas, escuelas y edificios públicos.
