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Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa estatal cuya viabilidad económica está en entredicho desde hace tiempo, sumida en la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Es vista más como una carga financiera que como una opción rentable para fortalecer las arcas públicas; de ella han abusado funcionarios y grupos del crimen organizado para enriquecerse ilegalmente.
De acuerdo con una investigación que presenta hoy EL UNIVERSAL, la red de ductos de Pemex ha sido objeto de extracción ilegal de combustibles por parte de bandas articuladas para este fin. El delito no podría explicarse sin la participación de personal de la empresa; sin embargo, hay también otros empleados de la paraestatal que se dedican a defender el patrimonio público a costa de su vida y a cambio de bajos sueldos.
La situación que viven estos trabajadores de Pemex es crítica. Por un lado, su salario bruto asciende a 15 mil pesos catorcenales, una cifra que claramente no corresponde con el riesgo que implica defender el patrimonio nacional de quienes lo hurtan. Por otra parte, enfrentan a bandas del organizado que con el paso del tiempo han intensificado su actividad criminal y que les superan en personal y armamento.
Según este trabajo periodístico, en los últimos años el crimen organizado ha cobrado mayor presencia en la red de ductos de Pemex, tienen métodos más efectivos y representa una amenaza constante al patrimonio nacional, así como a los empleados de la paraestatal que buscan evitar su labor. Hace poco más de un mes, en Matamoros, un trabajador murió y otro fue herido por un comando armado cuando hacían labores de vigilancia.
¿Por qué hay empleados de Pemex que cotidianamente ponen en riesgo su vida ante el crimen organizado, en la defensa del patrimonio de todos? Ciertamente, están llevando a cabo un trabajo que no les corresponde y que, en cambio, es responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado. Ante ello se requiere urgente una definición y protocolos claros orientados al combate de este mal.
Frente a esta realidad, y con un Estado que parece rebasado por el crimen, es necesario establecer conjuntamente quién puede combatir al crimen organizado en este aspecto, bajo qué términos y los recursos que se emplearán para ello. Del mismo modo, hace falta que Pemex indague al personal que puede estar coludido con los que roban los recursos estatales.
Los empleados que combaten la extracción ilegal de combustibles no pueden hacerlo sin el cobijo del Estado y en total desprotección. Pemex y las fuerzas de seguridad no pueden ser omisas ante esta realidad que mina al patrimonio nacional y pone en riesgo a personal que no debe hacer este trabajo. La ruta es clara, hay que actuar en consecuencia.
