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El dato lo dice todo: de 23 órdenes de aprehensión obtenidas en 2017 y en lo que va de 2018 contra presuntos homicidas de reporteros, se han concretado 16, pero hasta ahora ninguna sentencia. Los crímenes que se han perpetrado contra periodistas mexicanos permanecen en la impunidad.
En la conmemoración, hoy, del Día Mundial de la Libertad de Prensa se torna indispensable hacer un corte de caja sobre la situación que se vive en el país y relanzar las exigencias que los medios de comunicación han expuesto con anterioridad.
De acuerdo con la Comisión Nacional de las Derechos Humanos, de 2010 a 2017 fueron asesinados 74 reporteros, 12 de ellos el año pasado. En lo que va de 2018, tres han sido ultimados: Carlos Domínguez, Pamela Montenegro y Leobardo Vázquez. Por entidad, Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa son los lugares que acumulan el mayor número de casos.
Además, por otras situaciones, cada año los periodistas mexicanos presentan alrededor de 350 denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de las cuales entre 45% y 50% son amenazas y el resto abuso de autoridad, lesiones y daño en propiedad ajena.
Para la prensa nacional, especialmente aquella que ejerce su labor fuera de las grandes ciudades, su mayor amenaza proviene de bandas del crimen organizado, pero también es inocultable la intimidación de grupos de poder, tanto políticos como económicos, para limitar el trabajo periodístico. Quienes denuncian la corrupción de gobernantes o empresarios requieren una debida protección, que actualmente sigue sin cumplirse a cabalidad.
En la demanda de justicia los periodistas no pueden ir solos, es de gran valía el respaldo de organismos civiles y de defensores de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros. La región latinoamericana padece estos ataques de manera casi generalizada. El apoyo mutuo puede ayudar bastante para dar a conocer la situación en el exterior.
El costo de contar con una libertad de expresión limitada o no tenerla puede ser muy alto para cualquier país. Los excesos en que pueda incurrir todo gobierno siempre serán menores si los medios de comunicación tanto impresos como electrónicos analizan, investigan y opinan sin ataduras o presiones oficiales. Permitir que los asesinatos de periodistas en México queden impunes es mandar el mensaje de que la libertad de expresión puede ser fácilmente silenciada.
Es obligación urgente de las autoridades competentes resolver cada agresión contra reporteros y periodistas.
