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La relación entre ciudadanía y poder político en México sufre desde hace tiempo una transformación profunda. El sistema político, tal como fue diseñado hace varias décadas y sigue vigente en nuestros días, previó un aparato institucional fuerte, sustentado en un partido gobernante y un conjunto de gremios corporativos que dan legitimidad al poder. La ciudadanía no formó parte de la fórmula, situación que es insostenible en el contexto actual.
La irrupción de la ciudadanía a partir del sismo del pasado 19 de septiembre no es fortuita. Tiene sus antecedentes en otros episodios de la historia del México contemporáneo, en los que la sociedad ha pedido cuentas a un poder político que se niega a transparentar sus procesos y decisiones, que suele ser ajeno a las necesidades de la población y, sobre todo, que se resiste a reconocer la presencia en el espacio público de personas organizadas que buscan participar, proponer, exigir cuentas, hacer valer la democracia.
En la Ciudad de México ha iniciado el proceso electoral rumbo a 2018, lo mismo que a escala federal. La lógica es la ya conocida: en los siguientes meses, las distintas fuerzas políticas de la capital harán del conocimiento de la ciudadanía a sus prospectos para conseguir el mayor número posible de cargos públicos en la elección del 1 de julio próximo. No obstante, el sismo que ocurrió hace tan sólo dos semanas hace pensar que el proceso y los resultados de aquel día serán distintos a lo acostumbrado.
Las imágenes de solidaridad ciudadana después del sismo, al igual que las registradas en 1985, son una lección del poder de la acción colectiva. En contraste, la tardía reacción de los gobiernos locales demostró la distancia que guardan la sociedad y quienes la encabezan desde la administración pública.
Bajo esas premisas es como arranca el proceso electoral que permitirá elegir al nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los nuevos líderes delegacionales y al Congreso local. Quienes aspiran a algún cargo público deben tener claro que se enfrentarán a una sociedad que cada vez demanda más de sus autoridades y que, llegado el momento, premiará o castigará su actitud hacia el interés público.
