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La convivencia democrática plena exige que las instituciones, que los poderes que le dan forma, cuenten con contrapesos que garanticen la justicia y la igualdad. De otro modo, ante la falta de estos controles, se corre el riesgo de que los asuntos públicos terminen capturados por las burocracias y que los grandes problemas comunes queden relegados en las prioridades de las instituciones.
El gobierno de Estados Unidos permaneció cerrado durante tres días debido a la falta de financiamiento que le negó el Poder Legislativo de aquel país. El hecho se atribuye particularmente al desacuerdo entre demócratas y republicanos respecto a la presencia de los inmigrantes llamados dreamers. El país más poderoso del mundo detuvo su actividad gubernamental debido a esta divergencia legislativa.
Lo anterior ocurre con cierta regularidad: desde el Congreso de Estados Unidos, los demócratas o los republicanos, según su presencia legislativa, paralizan a un gobierno profundamente endeudado a cambio de obtener aquello que negocian entre sí. No obstante, esto refleja un elemento básico de la democracia: cuando las fuerzas políticas no logran ponerse de acuerdo retrasan la actividad cotidiana de un país y aplazan beneficios para los ciudadanos.
En Estados Unidos, por ejemplo, las trabas legislativas al financiamiento público gubernamental tienen que ver con las discrepancias entre los partidos políticos en relación a los inmigrantes latinos. Los correligionarios de Donald Trump apuestan por endurecer las leyes migratorias sin condiciones, mientras que la oposición vela por proteger a los dreamers a través de una reforma en la materia.
Sin embargo, el costo del cierre va más allá de este desacuerdo, ya que afecta directamente a trabajadores y proveedores gubernamentales, con los consecuentes impactos económicos. Además, millones de personas requieren de los servicios y trámites gubernamentales para realizar sus actividades.
En México, aun cuando el cierre gubernamental no es una posibilidad, la relación de pesos y contrapesos entre instituciones hace que el interés público quede relegado. Es decir, aun cuando hay propuestas de ley que a todas luces resultan benéficas para el desarrollo nacional, se pierden en la discusión y en las negociaciones políticas sin ver la luz. Ejemplos de lo anterior son el aplazamiento de ley reglamentaria para el uso de la marihuana medicinal o la ley para crear un mando único policial.
Los contrapesos institucionales sirven cuando los beneficios llegan a la sociedad, no cuando ésta es olvidada en las negociaciones políticas. Los intereses ciudadanos deben ser la esencia de las instituciones, de lo contrario están fallando en su misión de servicio público.
