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Los crímenes de odio son tragedias inaceptables que ocurren con frecuencia en la sociedad mexicana; representan la vulneración más grave de la dignidad de una persona simplemente debido a su raza, religión, orientación sexual u otras condiciones. Estos delitos son motivados por prejuicios de índole diversa y cometidos por personas incapaces de reconocer en el otro a una persona, un igual en derechos, que también forma parte de la comunidad.
Como documenta EL UNIVERSAL, en nuestro país ocurrieron 81 crímenes de odio entre 2006 y 2017 a personas transexuales. El distintivo de estos homicidios es la violencia irrestricta que se ejerce sobre la víctima, quienes suelen ser personas de entre 30 y 35 años distribuidas a lo largo del territorio nacional. La brutalidad es, por desgracia, lo que define a estos crímenes.
A pesar de saber las características y el móvil de los asesinos, las autoridades gubernamentales son omisas en el mejor de los casos, si no es que desprecian abiertamente esta realidad.
Como está documentado, existen casos en los que, a pesar de contar con evidencias suficiente para procesar a los culpables de estos delitos, los gobiernos no actúan por tratarse de víctimas transexuales. Los servidores públicos que han procedido de esta forma ponen en entredicho la igualdad ante la ley consagrada en los textos legales que dan forma a nuestro contrato social. Así como los crímenes de odio, la selectividad en la aplicación de la ley es inadmisible.
Una consecuencia del descrédito que distintos gobiernos demuestran hacia estos delitos, es la impunidad de quienes los cometen. Cuando se trata de crímenes de odio por orientación sexual, las autoridades no proceden legalmente contra los culpables; parte de la normalidad alrededor de estos hechos es la libertad para los homicidas.
Los crímenes de odio necesitan ser visibles sin importar la característica por la que se cometen, más aún cuando son las propias autoridades a quienes menos interesa resolverlos. No pueden quedar en el olvido a causa de policías ineficientes o servidores públicos con prejuicios. Las condiciones étnicas, religiosas y de orientación sexual, entre otras, deben ser protegidas por las leyes y cuidadas en la práctica por las instituciones del Estado.
Frente a los crímenes de odio, los gobiernos deben asumir posiciones claras para que no sigan ocurriendo. Los ministerios públicos tienen el papel de investigar y resolver estos casos, en lugar de evadirlos y dejarlos pasar. Garantizar el respeto a la dignidad de cada persona, independientemente de sus características, es un rasgo básico de la democracia en la que cada integrante de la comunidad puede ser quien es sin temor a ser oprimido.
