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Las tragedias siempre aportan elementos para corregir acciones futuras. El temblor de 1985 marcó un antes y después en materia de protección civil y en el reglamento para nuevas construcciones en la Ciudad de México, normatividad que incluso fue adoptada por otras ciudades del país.
Los avances logrados saltan a la vista. Las nuevas generaciones están más preparadas para reaccionar de manera correcta ante un movimiento telúrico y los rascacielos levantados en los últimos años han resistido sin problemas los terremotos.
Sin embargo, además de contribuir a emitir nuevos lineamientos en distintas áreas de la política pública, las tragedias también dejan al descubierto posibles anomalías cometidas por funcionarios corruptos.
En el caso de varios de los edificios derrumbados hace dos días en la capital del país, los colapsos evidencian posibles fallas en el momento de su construcción, pues algunos son posteriores a 1985, cuando se supone que los criterios para levantar inmuebles se hicieron más rigurosos, además de que las edificaciones, afectadas o no, tuvieron que reforzar su estructura. ¿Cuántos derrumbes se dieron por funcionarios que por omisión o acción deliberada permitieron construcciones que no cumplían la norma?
En el sismo del pasado jueves 7 de septiembre se mencionó que la ciudad había superado la prueba que le impuso el terremoto de 8.1 grados, pues los daños fueron sorprendentemente menores.
Pero los expertos explicaron que si no hubo daños de consideración fue porque el epicentro había ocurrido a cientos de kilómetros de la Ciudad de México.
Esta vez, el sismo también fue de una alta intensidad, aunque con el foco a escasos 120 kilómetros de la capital.
Es cierto que los derrumbes ocurrieron sólo en puntos específicos —no en amplias zonas— y que la tragedia pudo haber sido mayor. Por tanto, conviene saber ¿por qué sólo algunos edificios se colapsaron?, por ejemplo una escuela de escasos tres niveles. ¿Hubo negligencia, contubernio u omisión al momento de autorizar esas construcciones?
