Más Información
Read in English
Junto con la situación económica y la corrupción, la inseguridad en los espacios públicos es una de las mayores prioridades de los mexicanos. Los ciudadanos desean vivir sin preocuparse demasiado porque los delincuentes les priven de sus bienes, les importunen en sus trayectos o en los vehículos en los que se mueven. En resumen, los mexicanos buscan garantías de seguridad para desarrollar sus actividades cotidianas.
Como revela hoy EL UNIVERSAL, a pesar de que cientos de personas han sido capturadas en la Ciudad de México por delitos como narcomenudeo, robo a usuarios de transporte público, de autopartes o de casa habitación, debido a la legislación relativa al nuevo sistema de justicia penal encontraron lagunas para evitar la cárcel. En 2017, tan solo el 15% de los acusados por delitos contra la salud está en prisión.
La investigación realizada demuestra que la reincidencia es la constante. La amplia mayoría de los delincuentes que cometieron alguna de las faltas mencionadas son prueba de que la legislación vigente les exenta de pagar sus crímenes, con el agravante de que al poco tiempo vuelven a cometerlos. Ante la falta de consecuencias, no existen incentivos de ningún tipo para que los malhechores cambien su conducta.
De acuerdo con la legislación, los delitos relacionados con el narcomenudeo no están entre aquellos actos que requieren prisión de oficio, tal como estipulan los artículos 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De este modo, enviar a la cárcel a estos delincuentes es opcional, lo que facilita que continúen con su ilegal estilo de vida.
Ante los resquicios que los delincuentes han encontrado para no enfrentar las consecuencias de sus actos, frente a la garantía de impunidad, es necesario implementar alternativas que neutralicen las conductas delictivas.
La implementación del nuevo sistema de justicia penal es todavía una tarea inacabada, por ello cabe preguntar cuáles son las prioridades de los gobiernos en su política de seguridad. Es decir, se capturan y procesan a los delincuentes de menor rango, que permanecen impunes, pero se deja de investigar a aquellos que asesinan, que están detrás de los narcomenudistas o que organizan pandillas de asaltantes.
Es primordial que los órganos de justicia hagan cumplir las leyes que se aprueban en los parlamentos, sin embargo poco puede hacerse si desde su origen y diseño, dichas leyes son insuficientes para proteger a la ciudadanía. Uno de los objetivos del sistema de justicia fue precisamente quitar presión a las cárceles del país, para que a ellas llegaran solamente quienes había cometido delitos de alto impacto, no ilícitos menores. La contradicción debe corregirse para que la protección a la ciudadanía sea efectiva.
