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Los gobiernos e instancias del Estado requieren de bienes y servicios para sus operaciones cotidianas, y recurren a particulares para que desarrollen la obra pública que demanda el país. Con ese fin, realizan licitaciones para asignar contratos. De esa manera también se realizan subastas para otorgar concesiones a particulares cuando se trata de explotar algún bien perteneciente a la nación, como el espectro radioeléctrico.
En México la entidad que —desde hace casi cuatro años— regula, promueve y supervisa el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para ello ha realizado licitaciones de frecuencias radiofónicas y de televisión. En las dos últimas, sin embargo, ha habido situaciones especiales con quienes obtuvieron concesiones.
Hace unos meses se dieron a conocer los resultados de la mayor subasta de estaciones de radio en el país, en la que se ofertaron 257 frecuencias. Uno de los principales grupos que se hicieron de estaciones fue Tecnoradio, cuyos socios resultaron tener vínculos con el grupo radiofónico de mayor penetración en el país.
Para el IFT, otro objetivo —el “primordial”, según su página de internet— es promover y regular la competencia. La falta de rigor (¿o fue ingenuidad y exceso de confianza?) del instituto a la hora de revisar a los postores estuvo a punto de ir en contra de una mayor promoción de nuevos jugadores en el área radiofónica. Al final, las revelaciones sobre Tecnoradio terminaron apartándolo de ingresar al sector.
El lunes se conoció el resultado de una nueva licitación del IFT, esta vez de estaciones de televisión en 29 entidades del país. Dos días después EL UNIVERSAL publicó que el principal socio de Telsusa, consorcio que obtuvo canales en 12 ciudades, está ligado a casos de corrupción en Guatemala y fue mencionado en la investigación Panama Papers, que reveló nombres de empresarios y funcionarios, entre otros, con cuentas millonarias en paraísos fiscales. En respuesta, el instituto señala que no hay elementos para descalificar al grupo ganador.
En las licitaciones de frecuencias radiofónicas y televisivas ha predominado la cuestión económica, sin importar demasiado el perfil de los postores. Hasta ahora, en la adjudicación de concesiones, parece haber pasado a segundo término que los interesados cuenten con experiencia en el manejo de medios de comunicación, así como un desempeño apegado a la ley.
