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La transformación democrática que inició México el siglo pasado ha sido un proceso lento y actualmente inacabado. Un paso se dio en la década de los 70 con la primera reforma política que permitió salir de la clandestinidad a ideologías comunistas y socialistas. Varios años más tarde vinieron la ciudadanización del entonces Instituto Federal Electoral, los triunfos de la oposición y la primera transición política.
A lo anterior se han ido sumando otras medidas para consolidar al país como sociedad democrática; entre ellas, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la conformación de organismos autónomos como la CNDH o la creación de instancias como la Auditoría Superior de la Federación.
La ley de transparencia, en principio únicamente vinculatoria para los tres niveles de gobierno y los poderes Legislativo y Judicial, amplió en 2016 su rango de influencia a órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, “así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos públicos”
A pesar de la obligación para partidos, el cumplimiento no es total, sin que exista una sanción por ello. En septiembre de 2017, a una semana de que diera inicio el proceso electoral, la organización Nosotrxs analizó la información pública de los institutos políticos y el resultado fue desalentador. En promedio, los partidos fallan en 19 de las 63 obligaciones de transparencia.
Ahora se da a conocer que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador proyecta cambios en la materia para establecer un sistema universal de declaración patrimonial al que tendrán que someterse incluso los dirigentes de sindicatos.
La propuesta incluye a “funcionarios de partidos políticos, sindicatos y miembros de asociaciones civiles y cualquier otra persona física moral que utilice, recaude, resguarde, gestione o administre dinero, bienes o valores públicos”.
Si hay sectores en México que no terminan de adoptar una cultura democrática esos son los sindicatos. En el sindicalismo mexicano las figuras de dirigentes que se eternizan en sus cargos son parte de la “normalidad”; trabajadores empobrecidos construyen liderazgos cuyo tren de vida está marcado por los privilegios y las ostentaciones.
El proyecto de obligar a líderes sindicales a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales podría ser el inicio de la necesaria transformación de la vida gremial. Los trabajadores tienen el derecho de conocer de manera detallada en qué se utilizan sus aportaciones y la sociedad a conocer que los recursos públicos canalizados a sindicatos tienen una finalidad constructiva y no se trasladan a las abultadas cuentas bancarias de dirigentes. La rendición de cuentas es una característica de las democracias modernas y los sindicatos deberían entenderlo.
