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Debido a que la normalidad en México ha sido el abuso de la clase política sobre el erario, es entendible que exista un reclamo generalizado de transformar esta realidad. Una de las principales propuestas de campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue que al llegar al poder reduciría las remuneraciones de los servidores públicos para que nadie perciba más que el primer mandatario del país.
Llegado septiembre, una vez instalada la LXIV Legislatura, se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que establece, entre otras cosas, la promesa establecida: que ningún funcionario podrá percibir ingresos mayores a los del presidente del país.
En ese contexto, como revela EL UNIVERSAL, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que su director ganará 90 mil más que el presidente. Esta institución está encargada de generar información estadística y geográfica que permita que contribuya al desarrollo nacional, para lo cual requiere capacidades técnicas que no son comunes en el mercado laboral.
A pesar de que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobada recientemente, el caso del Inegi hace ineludible el debate sobre la reducción de salarios de manera generalizada frente a la necesidad de contar con fuerza de trabajo especializada, escasa.
Ante ello, es necesario distinguir las acciones de los políticos sobre el presupuesto público de la labor que hacen los expertos que forman parte de la administración pública. No son lo mismo. Los frecuentes abusos de ciertos funcionarios sobre el erario no incluye a quienes resuelven las problemáticas propias que implica ser gobierno.
Es fundamental que los aparatos burocráticos cuenten con perfiles de calidad que ofrezcan servicios y productos a la altura de lo que se requiere para que el aparato público funcione adecuadamente. En consecuencia, este personal tiene que ser remunerado según sus aportaciones al desempeño de las estructuras gubernamentales.
Bajo este contexto, es indispensable que exista equilibrio entre austeridad en el gasto público y contar con personal calificado para el adecuado desempeño de la administración pública. Si bien hay que terminar con los abusos al erario, también toda remuneración debe ajustarse a la responsabilidad que implica cada cargo público.
Es positivo que ocurran ajustes en los ingresos de los funcionarios siempre que el criterio fundamental sea la justicia, tanto para la sociedad mexicana como para quienes padecerán dicho ajuste. De otro modo la administración pública está en posibilidades de perder talento de alto valor, así como calidad en la provisión de servicios para todos. El equilibrio es la clave.
