Para introducir al sistema financiero los recursos mal habidos, los grupos del narcotráfico ponen en marcha negocios “lícitos”: las famosas empresas fachada donde lavan dinero y tratan de eliminar dudas sobre el origen del mismo. La creación de compañías transcurre sin levantar sospechas en la autoridad.
Ayer se conoció que el líder de la agrupación criminal La Unión de Tepito, Roberto Moyado Esparza El Betito —detenido el miércoles en la capital del país—, se hacía pasar por empresario restaurantero, con locales en Polanco, Roma y Condesa, y con planes de expandirse al sur de la ciudad. El presunto responsable de los hechos violentos que se han presentado en el área metropolitana en los últimos meses pudo adoptar la imagen de un empresario exitoso por la débil aplicación de controles y la escasa investigación para atacar las finanzas de las bandas delictivas.
A pesar de que México cuenta desde 2013 con una ley que obliga a empresarios y particulares a informar a la Secretaría de Hacienda de operaciones sospechosas, entre ellas la venta de vehículos o de inmuebles realizadas con efectivo, no se percibe que esté rindiendo frutos en el combate al crimen organizado.
En Estados Unidos, en cambio, de manera regular la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, del Departamento del Tesoro, emite reportes para congelar cuentas y prohibir negocios con aquellos sospechosos de realizar actividades de narcotráfico. Los nombres de mexicanos aparecen de manera frecuente en sus informes, aunque en algunos casos terminan en pifias. En el país no se conocen ejercicios de ese tipo, a pesar de que hay áreas de inteligencia financiera.
A principios de año, el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Activos (GAFI) señaló que México cuenta con un régimen maduro y sólido contra el lavado de dinero, pero la corrupción que prevalece en las agencias que aplican la ley, en especial en los estados, daña su capacidad para investigar y castigar este delito. La conclusión apunta a un problema común: buenas leyes, pero una mala instrumentación.
El combate al crimen podría tener resultados positivos si los distintos niveles de gobierno se coordinaran y aprovecharan la tecnología para indagar y actuar contra el lavado de dinero.
La detección de recursos ilícitos en el sistema financiero se considera una herramienta fundamental para debilitar las finanzas de organizaciones delictivas, pero no está ocurriendo así. La GAFI indicó hace ocho meses dónde es necesario actuar, pero hasta ahora no parece que se hayan apretado las tuercas.
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