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En la historia de México hay momentos que la sociedad toma como bandera para no olvidarlos y con el objetivo de que no vuelvan a repetirse.
El movimiento del 68 es quizá el más destacado, pero este miércoles se cumplen cuatro años de otro hecho que ha sumado simpatías de organizaciones nacionales e internacionales, además de que genera movilizaciones sociales cada mes: la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La exigencia es simple: la presentación con vida de los jóvenes o el esclarecimiento del caso.
En Iguala —donde ocurrieron los hechos— se conjugaron desafortunadamente los problemas más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.
Se encuentra de inicio la figura del presidente municipal como un personaje con poder caciquil a nivel local, concentrado casi exclusivamente en considerar su gestión como un botín.
Se suman las bandas criminales ligadas al narcotráfico que tienen un amplio control en varias regiones del país y con influencia —mediante la amenaza y la compra de voluntades— en corporaciones policiacas y en el ámbito político.
Y por último, el nivel de impunidad que se registra en México. Quienes han sido víctimas de un delito saben que la probabilidad de que el transgresor sea castigado o pague por el daño cometido es de apenas 1%, de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad.
¿Cómo pueden movilizarse 43 estudiantes en una ciudad pequeña y desaparecer en cuestión de horas? ¿Quién realmente tiene el control en zonas asoladas por la violencia delictiva?
La “verdad histórica” planteada por la Procuraduría General de la República convenció solo a unos cuantos, mientras un grupo de expertos señalaba inconsistencias en las investigaciones de la autoridad, las cuales no pudieron ser solventadas de manera total.
El próximo gobierno ha adelantado que creará una comisión de la verdad. Será seguramente la última oportunidad que un gobierno tenga para lavarse el rostro ante una población que desconfía de los actos de la autoridad. La tarea no será fácil, pues los resultados que se obtengan deberán satisfacer a millones de personas.
Conocer los hechos reales de un caso que permanece en la opinión pública a cuatro años de distancia es de urgencia apremiante para un país que necesita volver a confiar en su sistema de justicia, en sus instituciones.
