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Desde que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de EU y emprendiera una férrea ofensiva —discursiva y mediante políticas públicas— en contra de los migrantes y todo lo que éstos representan, quizás debido a esta propia narrativa hostil a los mexicanos y centroamericanos, se ha ido documentado un número cada vez mayor de violaciones a derechos humanos de migrantes en EU, evidenciando por un lado las deplorables prácticas que llevan a cabo múltiples áreas y actores públicos en ese país —por ejemplo la Patrulla Fronteriza—, y por el otro, que el discurso retrógrada, incendiario, irresponsable, xenófobo y racista de Trump pareciera cada vez más otorgar, de manera sobreentendida, una “patente de corso” a quienes se identifican con él ideológicamente, para atentar, infringiendo la ley o a veces dentro de las mismas “reglas”, contra la dignidad e integridad de nuestros migrantes.
Desde su hilarante propuesta de construir un muro en la frontera con nuestro país, pasando por la política arbitraria que abolió la protección a los Dreamers, hasta la infame directriz de separar sin miramientos a miles de familias de migrantes quitándoles a sus hijos, las acciones de la administración Trump han ido pavimentando el camino a un ambiente enrarecido en contra de los migrantes indocumentados que, se quiera aceptar o no, tiene muy probablemente una relación directamente proporcional con el creciente número de agresiones en el vecino país.
Pues bien, EL UNIVERSAL documenta ahora que , de acuerdo con la Organización de Iniciativas Comunitarias para los Migrantes en Confinamiento, la oficina del visitador general de Estados Unidos recibió entre enero de 2010 y junio de 2016 más de 36 mil quejas contra oficiales federales, por daños físicos y acosos sexuales. De éstos, 44% corresponderían a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, es decir más de 15 mil de las quejas. La Patrulla Fronteriza habría recibido más de 10 mil quejas.
De acuerdo con un estudio reciente del diario The Washington Post, en los últimos cuatro años se habrían registrado más de mil 300 casos de abusos sexuales a migrantes mujeres en centros de detención, por parte de agentes del ICE, sin que la mayoría estén siendo investigados —sólo a cerca de 300 se les ha dado seguimiento—. Pero además, en algo que debiera encender todas las alertas, especialistas han señalado que los casos no denunciados podrían sumar más que las estadísticas existentes.
Ante estos datos, aunque se trate de casos que deben dirimirse primero en tribunales estadounidenses y para ello se requiere que sean denunciados, se esperarían acciones contundentes —como apoyo jurídico a posibles víctimas— y no solamente pronunciamientos por parte del gobierno de México.
