Desde lo alto de La Peña, cerro que en tiempos prehispánicos funcionó como centro ceremonial y que hoy es uno de los atractivos turísticos de este Pueblo Mágico, entre los árboles y techos de teja de las casas, se alcanza a ver una serie de montículos de tierra, herramientas de construcción a la sombra de los árboles y estructuras de piedra que sobresalen.

Rodeado por una tienda de materiales de construcción, viveros y casas habitación, está un terreno de unas 3.6 hectáreas que desde hace dos años ha confrontado a los habitantes de la zona con los empresarios dueños del predio, las autoridades locales y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por la intención de construir un centro comercial que,  acusan los vecinos, sepultaría una serie de estructuras y vestigios prehispánicos.

El terreno en discordia comprende dos predios conocidos como “Las Monjas” y “Casa de Ídolos”, propiedad de los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad, que pretenden construir allí un centro comercial. Al proyecto, ahora en proceso de revisión, se oponen los vallesanos que acusan al INAH de liberar los predios a pesar de los hallazgos en el sitio y piden una consulta popular para determinar si se construye o no la plaza.

Todo comenzó cuando en 2014 el desarrollo inmobiliario “Las Monjas Valle de Bravo S.A. de C.V”, de dichos empresarios, inició trabajos de desmonte y limpieza en el terreno, lo cual habría afectado restos de muros de estructuras prehispánicas que habían permanecido enterradas por siglos.

En su informe técnico parcial titulado “Salvamento Arqueológico ‘Casa de Ídolos’, zona arqueológica ‘La Peña’ Valle de Bravo, Estado de México”, que los vecinos han hecho públicos en redes sociales y en foros, los arqueólogos Héctor Pérez García, Viridiana González Nava y Tania Hernández Balderas relatan que iniciaron las tareas de rescate en abril de 2014, luego de que el INAH-Estado de México suspendió las obras por alterar el terreno con vestigios arqueológicos. Según los arqueólogos, cuando llegaron la superficie del terreno había sido alterada, “lo cual anunciaba la destrucción de patrimonio arqueológico”. En dos fases de salvamento registraron estructuras arquitectónicas, figurillas, fragmentos de cerámica y lítica, restos óseos, un entierro múltiple acompañado de una ofrenda con 38 vasijas pequeñas, vestigios de fogones y restos de una estructura identificada como un altar.

Según el informe, el Consejo de Arqueología del INAH, por medio del arqueólogo José Hernández Rivero, encargado de diseñar el proyecto de salvamento, indicó “la desmantelación de estructuras, como una medida para evitar la destrucción masiva de los elementos arquitectónicos”.  En algunos casos, reportan los arqueólogos, “se pudieron dejar los testigos de tierra para indicar la existencia del muro”.

El informe incluye dos cartas firmadas por Hernández Rivero dirigidas a las arqueólogas Viridiana Hernández, Viridiana González y Tania Hernández Balderas —encargadas de los trabajos de campo—,  donde les pide “el levantamiento de los arranques de muros del nivel superficial” de diversos sectores y que separen la piedra de acuerdo a su calidad, ya que serían reutilizadas en la restauración del basamento piramidal de “La Palma” (cerca de ese predio) que no ha sido rescatado.  Agrega que esto se debe realizar ya que  el Consejo de Arqueología manifestó no tener inconveniente en hacer el levantamiento porque los vestigios fueron registrados y no era posible su conservación en el lugar.

Vía correo electrónico, Hernández Rivero aclara que no dirigió el proyecto de salvamento, que sólo realizó inspecciones y fue el encargado de presentar el proyecto al Consejo de Arqueología porque era el único arqueólogo que había trabajado en la zona. Señala que dio  indicaciones de levantamiento de estructuras, pero sólo “para las que ya se consideraban arrasadas”. A cambio de esto, dice, se recuperaron “infinidad de enterramientos humanos con ofrendas que se exhibirán en el museo de arqueología de Valle de Bravo”. Añade que especialistas trabajan en la consolidación de  vestigios recuperados.

Lo que piden los habitantes.  A través de redes sociales, páginas webs y  mantas en las calles  de Valle de Bravo, vecinos alertan sobre la destrucción de los vestigios.

La diseñadora Natalia Fentón por iniciativa propia comenzó hace dos años una campaña en defensa del sitio, enviando cartas al INAH, al gobierno estatal, a la Presidencia de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fentón cuenta de su preocupación por los daños que la construcción habría provocado en el sitio; asegura que los vecinos notaron que la empresa utilizó maquinaria pesada cuando comenzó la limpieza.

“En octubre de 2014 fui al predio y me di cuenta de la devastación, estamos seguros de que lograron meter maquinaria pesada, destruyeron las estructuras superiores de este cementerio sagrado y tiraron árboles. A simple vista, yo me di cuenta de que algo estaba mal porque todo el predio estaba perfectamente limpio”.

Una de las cartas que envió, del 10 de agosto de 2015, iba dirigida al sindicato de Académicos e Investigadores del INAH. El Comité Ejecutivo le informó en una carta que atestiguó la “deplorable situación” del sitio porque el trabajo de salvamento dejó “excavaciones abiertas y muros expuestos apenas cubiertos con plásticos, que con el paso del tiempo se han degradado”. Le expresó que tras una reunión con el Coordinador Nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, el arqueólogo dijo que aún no había una posición oficial sobre el destino del sitio, si se consolidaría para abrir al público o si se cubriría en su totalidad.

“Ya mandé como 300 correos al INAH, empecé a publicar en Facebook, iba al predio y me daba cuenta que seguían desmantelando y siguen trabajando. He presentado las denuncias como ciudadana, representante de la comunidad, pero es triste ver que las autoridades no hagan caso”, dice Fentón. Ahora su petición es de una consulta ciudadana sobre el futuro del predio.

“Queremos que el presidente municipal realice la consulta popular que corresponde por ley y que sea la comunidad la que decidida el futuro de Valle de Bravo, no unos cuántos”. La petición está en la plataforma Change.org y ha recolectado más de 25 mil firmas.

En entrevista telefónica, Mauricio Osorio, alcalde de Valle de Bravo, aseguró que aceptará la consulta. Comentó que las obras que se realizan en el predio corresponden a trabajos de restauración, no construcción de obra.

Osorio, quien rindió protesta en enero pasado, aseguró que la licencia de construcción que tenía la desarrolladora venció a finales de 2015, por lo que el proyecto del centro comercial está pendiente. Por ahora, indicó, “no hemos recibido ninguna solicitud de licencia de construcción para realizar algún proyecto de plaza o de alguna otra índole”. “Si nos vuelven a hacer la solicitud, estaremos atendiéndola y tomaremos las decisiones con los fundamentos apegados a la Ley”, afirmó.

EL UNIVERSAL buscó conocer el estatus del proyecto a través del representante legal de la desarrolladora, Adalberto Arellano,  vocero en el tema, pero no hubo respuesta. En una carta en Twitter, Alejandro Martí rechazó que se hayan dañado vestigios arqueológicos y relató que durante los estudios previos en la zona de construcción se detectaron vestigios arqueológicos, por lo que se frenó el proyecto y se dio parte al Ayuntamiento y al INAH: “Estamos esperando indicaciones de los expertos en esta materia para redefinir el rumbo del proyecto”.

También se buscó al INAH para conocer los argumentos por los que liberó el predio en cuestión, si determinó que hubo daños al patrimonio y si ha solicitado cambios en el proyecto de construcción, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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