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La creación de una secretaría de Cultura, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 2 de septiembre, será benéfica principalmente si va acompañada por una ley general de Cultura, de lo contrario no habrá elementos para precisar las obligaciones, limitaciones y alcances de la nueva dependencia. Sólo habría, en esencia, un cambio de nombre —de Conaculta a secretaría— sin ninguna repercusión importante para el sector y para el país. Coinciden las ex legisladoras del PAN Margarita Saldaña y Kenia López Rabadán, el especialista en temas culturales Eduardo Cruz Vázquez y Mauricio Graciano, coordinador de asesores de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, presidida por el panista Santiago Taboada.
Entrevistados por EL UNIVERSAL, coincidieron en señalar que sin reglas claras de operación podrían no modificarse diversas situaciones. Entre ellas: no tener control ni información sobre presupuesto que otras dependencias (desde la secretaría de Gobernación hasta la secretaría de Turismo) utilizan para programas culturales; no habría normas que delimitaran el papel de las secretarías de Educación Pública y de Cultura en el ámbito de la educación artística y cómo se trabajaría.
Asimismo, organismos como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes continuarían sin una estructura orgánica y con debilidades jurídicas; la propia secretaría carecería de fundamento legal y de certeza jurídica.
Además, los llamados recursos “etiquetados” que si bien cuentan con una convocatoria clara, en la Cámara de Diputados se llegan a aprobar proyectos que tienen que ver más con otros ámbitos como el medio ambiente; por ejemplo, se aprobó realizar una ciclopista con el argumento de que era para fomentar la cultura deportiva, pero fue rechazada cuando fue revisada por el Conaculta por no cumplir con los parámetros del subsector.
Otro ejemplo es que actualmente la Dirección General de Vinculación Cultural de Conaculta toma las decisiones de lo que deben hacer los estados, con la secretaría se tendría que transformar en una coordinación de delegaciones que provocaría altos costos burocráticos, pero con una ley se podría prescindir de las delegaciones y dejar las funciones y recursos bajo la coordinación de las distintas áreas de la secretaría, las cuales serían capaces de coordinarse e interactuar directamente con los estados.
Seguirían pendientes temas como el pago en especie y la relación entre Hacienda y Cultura; los créditos fiscales, que hasta ahora benefician con claridad sólo al cine y al teatro; los apoyos reales a las industrias culturales, así como el claro entendimiento de sus necesidades específicas, porque, por ejemplo, en el ramo cultural las tasas de retorno pueden o no existir.
Ante este posible escenario, López Rabadán y Saldaña advierten que si bien la creación de esta dependencia sería un avance histórico en materia cultural, sin la ley sería una secretaría “disminuida”, “un error”, un anuncio de bombo y platillo”.
¿Urge una ley de Cultura? De acuerdo con el gestor cultural y experto en economía cultural, Eduardo Cruz Vázquez, aunque idealmente la iniciativa de secretaría de Cultura debió llegar al Congreso junto con una iniciativa de ley de Cultura, no habría ninguna irregularidad si se aprueba sin esa ley que la regule, ya que, explica, “los usos y costumbres legislativos permiten que el Ejecutivo pueda crear una nueva dependencia y después hacer la ley reglamentaria”.
“Esto apela más a los usos y costumbres de la forma en que se legislan las Reformas Constitucionales. Hay muchas modificaciones a la Constitución que requieren de leyes reglamentarias y que se tardan cierto tiempo en hacerse, y de todos modos empiezan a operar esas modificaciones a la Constitución”, dice Cruz Vázquez.
Lo que sí sería insostenible, indica, es crear un nuevo despacho sin dotarlo de marco jurídico. “Eso sí es imposible porque todas las dependencias lo tienen y está establecido que una nueva secretaría debe contar con sus reglamentos y leyes internas que rijan la vida del nuevo despacho. Desde el punto de vista legal no puede existir una secretaría si no se dota de los reglamentos y del marco jurídico que implica”, comenta Cruz Vázquez.
Por lo tanto, explica el especialista, si sólo se aprueba la nueva dependencia se tendría que trabajar de la mano con el legislativo para constituir un cuerpo jurídico para la secretaría.
En esto concide Kenia López Rabadán, ex presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, y actual secretaria particular de la mesa de directiva del Senado de la República. “Si la secretaría de cultura se estructura y es la base legal en términos constitucionales para generar una ley clara, con especificidades que permitan a cada uno entender cuál es su rol en el ámbito cultural, no habría problema. Puede haber una y luego la otra, pueden salir en conjunto, lo que no puede suceder es que haya una y que no haya la otra. La temporalidad se puede entender hasta en los procesos de discusión parlamentaria”, dice.
Y añade López Rabadán: “Se necesita discutir una ley de cultura que no tenga solo una base administrativa, sino una base de hacia dónde vamos en términos de país, a propósito del patrimonio, de la comunidad cultural y de nuestra naturaleza regional. Hablaremos de un cambio no sólo porque se separó de Educación Pública, sino también porque se hizo con un andamiaje normativo”.
Mauricio Graciano, coordinador de asesores de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, reconoce que la secretaría podría aprobarse sin una ley y así podría existir de manera técnica y de manera legal, pero la posición del PAN es crear también una ley. “El camino ahorita es trabajar en las dos esperando que salgan las dos al mismo tiempo”, señala Graciano.
Una añeja discusión. De acuerdo con Saldaña, la discusión en torno al sector cultural es antigua. En los últimos 10 años se han presentado poco más de 10 iniciativas relacionadas a la creación de una ley general de Cultura, la separación de Cultura del sector educativo y la formación de una nueva dependencia. Ninguna prosperó, dice Saldaña, “por motivos políticos”.
La discusión giraba en torno, por ejemplo, a la viabilidad de hacer un organismo autónomo.
Previo a que en 2009 se modificara el Artículo 4 constitucional y se estableciera que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la materia, la discusión giraba en torno a la necesidad de establecer que la cultura era un derecho, quién la proveería, si Conaculta tenía las facultades para hacerlo, si Educación Pública debía tener injerencia o apartarse del tema.
Además, separarse de la SEP generaba muchas dudas porque los sindicatos pensaban que sus condiciones de trabajo iban a cambiar. Según Saldaña, todas estas inquietudes formaron piedras en el camino y muchas de las iniciativas no prosperaron.
Para Eduardo Cruz Vázquez fue justo en 2009 con la reforma al Artículo 4 cuando debió crearse una ley. Las dos más importantes en los últimos años fueron presentadas por la ex senadora priísta Blanca Alcalá y la ex diputada panista Margarita Saldaña, las cuales coincidían en puntos como crear un esquema de competencias y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, un sistema nacional de información cultural, entre otros.
Iniciativas que según Cruz Vázquez no pueden copiarse en su totalidad en este momento porque fueron pensadas para el funcionamiento de Conaculta, ahora se trata de un nuevo sector. “Se podrían rescatar muchas propuestas de ambas legisladoras porque son las más actualizadas, pero no podrían rescatarse tal cual. No podría hacerse un copiar y pegar”, comenta.
Pero la razón más “poderosa” para que esta discusión sobre la viabilidad de una ley y la creación o no de una secretaría no prosperaran al interior del poder legislativo, dice Saldaña, fue que no había apoyo del Ejecutivo. “En el periodo pasado hubo más posibilidad de crear una ley que una secretaría”, recuerda la ex legisladora.
Hoy, el escenario es distinto si desde el poder ejecutivo se impulsa la secretaría. La aprobación, coinciden, parece inminente. Sin embargo, ataja Saldaña que no hay razones reales para no pensar en las dos cosas: “Es verdad que a las iniciativas, al menos a la que yo propuse, se le tendrían que hacer ajustes, pero no se está empezando de cero”.
