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En el país los ciudadanos tienen derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos públicos. En la Ciudad de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoDF) es el órgano obligado a hacer valer ese derecho. Sin embargo, una pregunta en apariencia sencilla como: ¿Cómo se ejerció el presupuesto para Arte y Cultura?, podría desencadenar dos escenarios. En el primero, el ciudadano que tuvo la curiosidad recibirá como respuesta: “Se ejerció conforme a la ley”. Y hasta ahí habrá llegado. En el segundo podría volver a preguntar, una y otra vez, agotar todas las instancias y recursos para arrinconar a las instituciones hasta obligarlas a dar una respuesta medianamente clara.
Además, si se decide insistir, el ciudadano tendrá que realizar durante más de dos años un intenso trabajo, hacer 173 solicitudes de información, imprimir miles de hojas, esperar meses para recibir respuestas no concluyentes, invertir dinero, crear un equipo comprometido con la labor casi arqueológica en donde cada hallazgo provoca una gran indignación, revisar miles de archivos digitales y CD e, incluso, ir a solicitar cursos de capacitación impartidos por el propio InfoFD para saber cómo enfrentar a los entes responsables de ejercer el dinero que se muestran renuentes a responder claramente . Si se quiere ejercer el derecho a la información, entonces se está obligado a convertirse en investigador casi de tiempo completo.
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. decidieron el segundo camino. El resultado de su trabajo está en la investigación “Presupuesto de Cultura en la Ciudad de México. 2014” (disponible en http://lasreinaschulasac.org), con la que se busca que, de cara a la transformación de la ciudad con las nuevas alcaldías y con la Constitución que garantiza los Derechos Culturales, se convierta en un ejemplo de por qué es urgente transparentar los recursos destinados al sector cultural en la Ciudad de México.
Todos los datos contenidos en esa investigación son de 2014 y desglosan los 2 mil 788 millones que en ese año el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal destinó a la vertiente 2.4 llamada “Recreación, Cultura y otras manifestaciones sociales”. Y se entregó recientemente a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado. “Ella nos sugirió que fuéramos a la Cámara de Diputados, que es donde se decide el presupuesto, para mostrarles nuestra investigación. También queremos entregarlo a las personas que toman decisiones porque nuestro objetivo es sentar un precedente e incidir en una reglamentación del ejercicio del presupuesto para el sector cultural”, dice Luz Elena Aranda Arroyo, representante de la compañía artística y responsable de la investigación junto con Ana Laura Ramírez Ramos.
“Un infierno llamado tramitismo”. En la oficina de Las Reinas Chulas, ubicada en el Teatro Bar El Vicio, hay montones de folders y cajas con papeles; todo eso es el registro de la intensa actividad administrativa que el grupo debe hacer para mantener vivo su espacio y quehacer artístico. De ese archivo destacan siete carpetas blancas con más 200 hojas cada una. Ahí se hallan documentos que conforman un gran rompecabezas, una historia de indignación, un mapa sobre la opacidad con la que se manejan los recursos públicos destinados a Cultura en la ciudad.
En 2014, constituidas como Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C., las creadoras se sumergieron en un “infierno llamado tramitismo” cuando, cansadas de no encontrar apoyos del sector público y de ser testigos del derroche para cuestionables actividades culturales, se preguntaron: ¿Por qué no hay dinero para proyectos culturales serios?, ¿quién determina el tipo de actividades culturales que deben ser subsidiadas por el gobierno local?, ¿cuánto presupuesto hay en las delegaciones?, ¿en qué se gasta el dinero?
Todas estas preguntas exigían respuesta y fueron a buscarlas.
Pronto descubrieron que no era tan simple como preguntar porque las respuestas siempre eran vagas e imprecisas. Así que decidieron que dos asociaciones dedicadas al tema se hicieran cargo de la investigación. Sin embargo, fue imposible porque el costo por el trabajo ascendía a más de 200 mil pesos. Entonces tomaron en sus propias manos la labor. Dos años después publicaron la investigación que contó con la asesoría del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.
Una investigación ciudada. “Lo primero que hicimos fue pedir apoyo al Consorcio con el que hemos trabajado muy de cerca para que nos guiaran en el proceso. El primer paso fue revisar el Presupuesto de Egresos y luego averiguar dónde estaba todo lo relacionado con el sector cultural. Lo siguiente fue preguntar a todas las entidades responsables en qué se lo habían gastado. Recuerdo que empezamos por preguntarle a la Secretaría de Finanzas quién había recibido dinero dentro de la vertiente 2.4 y en qué se lo habían gastado. Nos respondieron cuáles fueron pero que cada uno tenía que decir en qué”, indica Aranda Arroyo.
Ramírez Ramos recuerda que pasaron tres meses entre enviar la primera pregunta hasta recibir una respuesta no satisfactoria.
“Empezamos por cuestionar los cómos, es decir, preguntábamos cómo se había ejercido y nos respondían que como lo marca la ley. Así que tuvimos que ir a InfoDF para preguntar cómo podíamos recibir mejores respuestas. Fue en esa institución donde nos explicaron cosas como que para pedir información pública debemos hacer preguntas precisas. Por ejemplo, las preguntas debían decir en qué se ejerció, dónde se ejerció y cuál es el material probatorio”, explica.
El proceso, añade de forma tajante Luz Elena, les reveló que si bien el acceso a la información es un derecho, los mecanismos de acceso son difíciles. “Los ciudadanos no tendríamos por qué saber cómo pedir información, es decir, no tendríamos por qué pasar por tantos trámites ni tendríamos por qué tomar cursos ni por qué saber montones de terminalejos muy complejos de comprender. Pero nosotras no nos rendimos porque estábamos determinadas a saber cuánto, cómo y en qué se gastan el dinero. Y cuando nos contestaron de manera tan ambigua, volvimos a preguntar, pero de otra manera”.
Y agrega: “Ejercer el derecho a conocer información pública es todo un desafío. Si ya pasaste todo ese primer proceso y has vuelto a preguntar de otra manera para conseguir mejores respuestas, entonces te enfrentas a otro tipo de cuestiones”.
Cita un ejemplo: “Las instituciones están obligadas a responder en 10 días hábiles, pero pueden pedir prórroga de otros 10 días hábiles e incluso pedir hasta 30 días hábiles si consideran que es mucha la información que deben proporcionar. Recibimos cualquier cantidad de prórrogas, así que en una pregunta esperamos hasta tres meses. Tuvimos que armar entonces otra estrategia cuando recibimos los primeros datos y enviamos toda una tanda de preguntas más”.
El siguiente paso es, quizá, todavía más sinuoso. Una vez que las investigadores recibieron los primeros datos, determinaron si eran precisos y concluyentes para cerrar el caso. La mayoría de las solicitudes fueron atendidas con elementos poco precisos y poco claros, por lo que debieron pedir recursos de revisión, es decir, una suerte de juicio en el que el InfoDF debe evaluar si la entidad responsable está o no respondiendo a cabalidad.
“La mayoría de los recursos estuvieron a nuestro favor, pero entonces tuvimos que esperar otros tres meses. De este modo, con paciencia, con mucho esfuerzo, empezamos a armar el rompecabezas en el que fuimos descubriendo que una delegación podía decirte que tenía, por ejemplo, 200 mil pesos, pero sólo ejerció 190 mil. ¿Y los otros 10 mil? Pues quién sabe. No siempre preguntamos porque la diferencia era muy pequeña y decidimos ocupar nuestros esfuerzos en montos grandes”, explica Luz Elena sobre el complejo proceso.
El mapa de la opacidad. Las investigadoras concentraron los datos recabados en el informe que ya han enviado al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que entregaron de manera personal a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado.
Los datos, coinciden Luz Elena y Ana Laura, son estrujantes: En las delegaciones pueden usar millones de pesos sin criterios claros, por lo que lo mismo se destinan a la compra de pasteles en el Día de la Madre, que en los cursos para hacer uñas en el centro de cultura, que en las fiestas patronales, se han llegado a gastar hasta 5 millones para una fiesta de fin de año; lo peor, advierten, es que gran parte de los recursos no son transparentados y que hay delegaciones, como Iztapalapa, en donde existe una exorbitante presupuesto para Cultura (326 millones), del cual no hay documentos probatorios de su responsable ejercicio.
“En algunos casos hasta nos dijeron que se habían equivocado en las cifras que nos daban y que nos las iban a volver a mandar; o de plano nos dijeron que se habían destinado los recursos para una casa de cultura, pero no sabían exactamente para qué. O sea, al final de todo, de tantas preguntas, de tantos recursos de revisión, de espera, de profundizar, hay delegaciones en las que simplemente no saben en qué se gastan el dinero”, lamenta Luz Elena.
