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La creación de la Secretaría de Cultura debería ser, de acuerdo con especialistas, el primer paso hacia el establecimiento de políticas públicas en materia de cultura más efectivas, y sobre todo, basadas en una ley que tendrá que ser elaborada con la participación de creadores y legisladores, con el fin de hacer valer el artículo cuarto constitucional, publicado en 2009 y reformado en 2011, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia; así como establecer cuáles son las competencias de los tres órganos de gobierno.
Además, para Carlos Villaseñor, quien forma parte del Grupo de Expertos en Gobernanza para la Cultura y Desarrollo de la UNESCO, y para el promotor cultural Alejandro Sandoval, México tiene ahora la oportunidad de revisar y actualizar leyes existentes en materia de cultura como la Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la General de Bibliotecas, la Federal de Derechos de Autor, las leyes de creación del INAH y del INBA, entre otras.
El compromiso de diputados y senadores fue crear una ley reglamentaria del cuarto constitucional durante 2016, con miras a presentar un presupuesto adecuado para la nueva dependencia para ejercerlo en 2017. Mientras eso ocurre, tras la creación de la Secretaría de Cultura el paso inmediato es la presentación de su reglamento, el cual es elaborado entre la dirección general jurídica de esta dependencia y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Ese documento podría estar listo, según Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, en tres o cuatro meses porque, dijo, “le urge”. Pero, Sandoval advierte que el reglamento no debería “ir más allá” de lo que la ley contenga porque podría volverse “inoperante”.
La elaboración de ambos documentos, coinciden los expertos, pondrá fin al desorden administrativo e impedirá que las políticas culturales se realicen a capricho del titular de Cultura en turno. Así, la comunidad cultural se enfrenta a uno de sus mayores retos y ante una tarea considerada como titánica.
Hasta ahora, el gremio, funcionarios y legisladores han mostrado voluntad política para crear la ley y así aterrizar en planes de acción la larga discusión que ha tomado, por lo menos, los últimos 30 años, pero en caso de no cumplir con las altas expectativas, se perderá la oportunidad histórica. “Puede haber muchas buenas ideas, pero si no hay forma de ejecutarlas, ¿entonces para qué?”, apunta Sandoval.
Por lo pronto, en febrero comienza el segundo periodo del primer año de la 63 legislatura, y concluye en abril. Si el tiempo no fuera suficiente para hacer la ley, la discusión podría extenderse al primer periodo ordinario del segundo año, que será de septiembre a diciembre; aunque los legisladores aseguraron que para facilitar su elaboración se mantendrán en conferencia, es decir, diputados y senadores de las comisiones de cultura trabajarán en conjunto.
En medio de estos dos retos, señala Sandoval, no se puede perder de vista la situación laboral de los trabajadores sindicalizados del sector cultural quienes, asegura, cuentan con muchas prestaciones que están fuera de la ley. “Es uno de los temas más complejos que se tienen que enfrentar, respetar únicamente los derechos que contempla la Ley (Federal del Trabajo) va a ser un gran lío. La Secretaría de Hacienda ya ha advertido varias veces que tienen prestaciones fuera de la ley. Los trabajadores del sector son gente muy aguerrida y muy organizada, pero tienen que estar organizados en un sindicato. Se confiaron, no lo han hecho, se durmieron, ya una vez pararon una ley y pensaron que lo volverían a hacer”.
¿Para qué sirve el reglamento? El reglamento interior de la Secretaría de Cultura es, de acuerdo con el analista de comunicación y cultura Carlos Lara, una primera forma de organización de la nueva dependencia independiente de la SEP, y será el que le permita comenzar a operar con eficacia.
“Será el que establezca el funcionamiento de todas las áreas de la Secretaría ¿cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos? Los máximos están en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los mínimos tienen que estar establecidos en el reglamento”, dice Lara.
Para Villaseñor, cuando se dé a conocer se podrán resolver muchas incógnitas que ha generado la creación de la dependencia, por ejemplo, cuál será la forma de relación del INAH y del INBA con el titular de la Secretaría. “La gran duda es si los directores generales de los institutos seguirán acordando con el titular a través de sus leyes de creación o será a través de la Secretaría. También tendremos mucha mayor claridad sobre qué sucede con el FONCA (creado por decreto presidencial), con las escuelas como la Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Sabremos cómo se articulará el derecho de autor ahora que INDAUTOR está dentro de la Secretaría”.
Otra de las incógnitas es cómo será la relación de la Secretaría con los estados y municipios. “¿Habrá delegaciones en los estados?, ¿se mantendrá la Dirección de Vinculación Cultural?, ¿se creará una subsecretaría?, ¿quién se encargará de los fondos mixtos y de los regionales? Por otro lado, las leyes de creación del INBA y del INAH no tienen reglamento, pero el Ejecutivo puede desglosar su forma de funcionamiento dentro de la Secretaría a través del reglamento interior de la Secretaría. Sin embargo, no podrá ser la versión definitiva; me parece que tendrá modificaciones en los próximos tres años", advierte Villaseñor.
Una larga discusión. La ley de cultura ha sido una discusión que ha tomado décadas. Los legisladores han elaborado por lo menos 10 iniciativas, pero, advierten los expertos, la mayoría se enfocaron en darle un marco legal al recién desaparecido Conaculta. Hoy, el escenario es distinto; muchas propuestas están superadas con la creación de la Secretaría. Sin embargo, dicen, no se empezará desde cero.
De acuerdo con Lara, una ley debe tener un objeto a regular que en este caso es el derecho de acceso a la cultura. “¿Qué queremos legislar? Hay dos respuestas. La primera es el artículo cuarto, entonces debería ser una ley de derecho de acceso a los bienes y servicios culturales del Estado. La segunda podría ser una ley general de cultura, así sin adjetivos. En esta segunda opción encaja la primera y sería reglamentaria de todas las disposiciones constitucionales en materia de cultura; establecería, entre otras cosas, los tramos de competencia, es decir, qué le toca a la federación, qué a los estados y qué a los municipios”.
Villaseñor coincide en señalar que una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional establecería, únicamente, cómo el Ejecutivo Federal va a garantizar a la población el acceso a bienes y servicios culturales que presta el Estado; considera que también se requiere de una Ley que organice, articule y coordine las facultades que tienen los tres ámbitos de gobierno en materia de desarrollo cultural porque ayudaría a evitar conflictos que hoy existen como aquellos que tienen que ver con monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
“Si bien el INAH y el INBA tienen la facultad normativa en cuanto a la monumentalidad de los bienes, los municipios tienen la facultad, por ejemplo, en cuanto a autorización de licencias de construcción, giros comerciales y tránsito. Lo que haría esta Ley es articular, darle congruencia y operatividad a estas facultades de los tres ámbitos de gobierno que concurren en favor del desarrollo cultural”, explica.
Y añade: “¿Cuál es la importancia de la reglamentación del artículo cuarto? En todo este proceso mucho se habló de que no se podía hacer una Secretaría hasta no tener una ley general. Esto es falso porque ya existe todo un cuerpo normativo a que le da cuerpo, funciones y objetivos a una Secretaría, como la Ley de Monumentos, entre otras. La pregunta es: ¿son los que necesitamos para garantizar a la población el derecho a la cultura y están acorde al siglo XXI? Me parece que no”.
Santiago Taboada, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, asegura que el trabajo legislativo será encaminado a crear una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, que podría abarcar las competencias de los tres órganos de gobierno. Además no descarta la posibilidad de hacer una revisión y actualización de las leyes existentes en materia cultural. Por lo pronto, dice el diputado panista, garantiza que los legisladores atenderán todas las voces a fin de hacer una ley plural e incluyente, y que se tomará en cuenta la experiencia acumulada, desde los indicadores y encuestas de consumo cultural hasta las pasadas iniciativas.
