Más Información
Felipe Calderón y Margarita Zavala festejan Navidad con sus hijos; “les mandamos nuestros mejores deseos”, expresan
Adriana Malvido invita a unirse al nuevo movimiento ambiental ABC/MX; convoca a la juventud para enfrentar la crisis climática
José Ramón López Beltrán y su familia agradecen apoyo con foto navideña; “nos sentimos muy afortunados”, dicen
Claudia Sheinbaum y Jesús Tarriba envían mensaje a mexicanos; “gracias por lo que hacen por sus familias y por México”
Decomisan arsenal, granadas y equipo táctico en Pantelhó, Chiapas; catean rancho tras enfrentamiento
cultura@eluniversal.com.mx
Especialistas en legislación cultural expresaron opiniones encontradas en torno a la iniciativa de secretaría de Cultura aprobada ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Para el investigador y gestor cultural Carlos Villaseñor, la iniciativa cumple en general con los objetivos de “reordenación administrativa y legal para pasar de un organismo desconcentrado a un ramo administrativo”. Sostuvo: “Permite integrar todas las instituciones que conforman el sector cultural y facilitar su paso a una secretaría”. Es un dictamen que, explicó, cumple con los objetivos de darle el peso necesario a una política cultural que se ha construido a lo largo de 100 años y de darle a la cultura un lugar destacado en la administración pública federal.
Sin embargo, consideró, esto no es suficiente. “Ahora tenemos que pasar a ver que ese aparato (secretaría de Cultura) y el marco legal existente cumplan para poder desarrollar una política pública que satisfaga el ejercicio pleno de los derechos culturales y hacer de la cultura el cuarto pilar de desarrollo”.
Uno de los temas que Villaseñor sostuvo que debió tener una mención en esta iniciativa y que ve necesario aclarar, es cuál será ahora la situación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) como “instrumento financiero donde radican los fondos de aportación que están destinados a los estímulos para los creadores y los fondos mixtos que tiene la federación establecidos con los estados y municipios”. “¿Qué va a suceder ahora? No tenemos claro si esos fondos van a continuar operando a través de la aportación de recursos o no. Es fundamental saber cómo va a operar la relación federación, estados y municipios para el desarrollo de estos programas, no sabemos si van a seguir siendo recursos de aportación o ahora serán recursos de subsidio cuya forma de administración es totalmente distinta”, comentó.
Esto, dijo, debe ser aclarado lo antes posible por las instituciones culturales para dar certidumbre a las estatales y municipales en cuanto al manejo de los recursos de los fondos mixtos para 2016.
Villaseñor también lamentó que no se haya incluido un plazo determinado que permita adecuar las funciones, facultades y obligaciones de la secretaría, lo cual ayudaría a que en 2017 o 2018 la nueva instancia tenga un presupuesto justo, según las necesidades vistas durante ese periodo.
Por su parte, Carlos Lara, asesor de la Comisión de Cultura de la Cámara de Senadores, aseguró que el dictamen para la creación de la secretaría de Cultura “tiene lo que debe contener” y dijo que queda en general un proyecto bueno, que es el primer paso para iniciar una gran reforma cultural que comenzó en 2009 con el derecho de acceso a la cultura.
“Ahora se ha metido hasta la Corte, por lo que el tema de la cultura ya es de Estado, cosa que celebramos. Es un tema en el que intervienen los tres poderes del Estado, la interpretación jurídica y armónica que ha hecho la Corte del tema cultural ya lo equilibra. Ya están los tres poderes, antes no”.
Aseguró que la aprobación del dictamen ya está acordada, pues ambas Cámaras trabajaron en conferencia. “Es nada más mero trámite que sesione la Comisión”, incluso dijo que en cuanto llegue el dictamen podría sesionar la Comisión de Cultura (del Senado) y llevarlo a la sesión de hoy o del martes para aprobarla.
Indicó que el camino está abierto para empezar a discutir la legislación sobre cultura que propone se llame ley general de coordinación cultural, es decir ,una ley que reglamente todos los artículos de la Constitución relativos a la cultura. “Reglamentar la secretaría de Cultura y abrir un capítulo para los derechos culturales, esa sería para mí una ley tipo”.
Retórica y pragmática. El antropólogo y especialista en legislación cultural Bolfy Cottom opinó que el dictamen es “retórico”, que la reforma es “pragmática, administrativista y que sí crea una nueva burocracia”.
“Salió de la noche a la mañana, no propone nada nuevo, se apropia de atribuciones de la SEP. Muy probablemente se verá a los defensores de la iniciativa ocupando cargos en la nueva secretaría”.
Señaló que en la discusión no se escucharon críticas ni observaciones: “Entre los invitados a comentarla eligieron a los que estaban a favor, no a los críticos”.
Cottom, autor de libros como Legislación cultural. Temas y tendencias, no encuentra nada nuevo en el dictamen con respecto a la iniciativa: “Maquillaron el tercero transitorio; toda la retórica se centró en los considerandos”.
Sobre si contiene puntos positivos, no dudó en responder: “¿Que veo de positivo? Las intenciones”.
Dijo que no hubo una discusión sobre los temas que tienen que marcar el derrotero de la política pública; “la única persona que se abrió a la discusión para construir un proyecto de ley de fomento a la cultura fue la senadora Blanca Alcalá, se empezaba a discutir, pero desafortunadamente claudicaron en esa propuesta de ley; fue el grupo de poder de quienes controlan la cultura en el país”.
Respecto a cómo queda la situación del INAH y del INBA cuestionó que no se respeta su naturaleza jurídica, que es ambiguo el dictamen en este tema y que se perjudica a estas instituciones:
“Es preocupante lo de las reformas a las leyes orgánicas del INAH y la ley del INBA. Hay mínimo una contradicción de ley. Sólo reconocen la personalidad jurídica en el caso del INAH, no reconocen el patrimonio propio; en el caso del INBA no se le reconoce personalidad jurídica, sólo dice que dependerá de la nueva secretaría. Decir que se regirán por sus leyes es una retórica legislativa que no se aclara suficientemente porque se va a prestar a pleito legal tarde o temprano. La siguiente batalla será buscar la autonomía de los dos institutos”, concluyó.