Más Información
Las cifras de homicidios, desplazados, secuestros, desapariciones, extorsiones, ataques contra periodistas, feminicidios y otros delitos graves cometidos en los últimos 10 años en México son conocidas. Son registro de la escalada de violencia e inseguridad que vivimos. Ningún indicador permite pensar que la violencia o inseguridad esté mejorando; al contrario, algunos indicios sugieren que está empeorando. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, el lanzamiento de una guerra sin objetivos claros son factores que han contribuido a la crisis. Retomo aquí dos ideas que han sido reiteradas y parecen claves en la discusión pública sobre la puesta en marcha de la Fiscalía General de la República.
La primera es la impunidad generalizada. Según el INEGI, 93.7% de los delitos cometidos en 2015 no se denunciaron. En 2016 el Índice de Impunidad Global calculó que 99% de los delitos que se cometen en el país no se sancionan. La impunidad se explica por la ausencia —en todos los ámbitos— de instituciones que investiguen y sancionen el delito, aunado a la corrupción. Los pocos delitos que se sancionan son menores, la mayoría arrestos en flagrancia. Eso significa que las capturas que llegan al Ministerio Público no son el resultado de una investigación sino producto del azar. Un policía azarosamente presenció un hecho delictivo o simplemente encontró a un grupo de jóvenes sospechosos en la calle (que felizmente sirven para cumplir con la cuota de arrestos semanal). De ahí las elevadas cifras de arrestos por posesión simple de drogas o de robos menores. Los ministerios públicos no suelen realizar investigación del delito y cuando lo hacen, deben aún vencer la arraigada cultura de la corrupción. Esto le da el carácter selectivo a nuestra justicia, que principalmente sanciona a quienes cometieron delitos menores y no pueden pagar para ser declarados inocentes.
La segunda es la inobservancia generalizada de las normas y la falta de legitimidad del Estado mexicano. La mayor parte del cumplimiento de las normas no se relaciona con la sanción efectiva —o con la percepción de una sanción efectiva— del incumplimiento. Muchos estudios han mostrado que la mayoría de las personas cumple con las normas porque las consideran moralmente correctas o porque, aun estando en desacuerdo con ellas, son el resultado de procesos percibidos como justos o emitidas por quien se considera que tiene legitimidad para hacerlo. En ningún país se investiga o sanciona la totalidad de los delitos porque ninguna procuraduría tiene capacidad de hacerlo. Tampoco hay recursos para vigilar a toda la población todo el tiempo. El Estado tiene que echar mano de la observancia voluntaria de las normas y de la desaprobación colectiva del incumplimiento. En otras palabras, las personas tienen que estar convencidas de que es correcto cumplir con el derecho. Sin un sistema legítimo, dotado de credibilidad moral, es difícil que esto suceda.
En el contexto de la puesta en marcha de la Fiscalía General estas dos ideas son claves. Tenemos un sistema de procuración de justicia ineficaz, arbitrario, corrupto y una población que no cree en las instituciones ni cumple con las leyes. La Fiscalía se creó con el propósito de sustituir este sistema con otro que no compartiera los vicios del anterior. Resulta pues incomprensible que se pretenda heredarle, sin más, los recursos humanos y materiales de la PGR, pero a la vez esperar que cambie la forma de hacer las cosas. Resultaría también incomprensible el nombramiento como primer titular de alguien que es conocido en todos los medios como “fiscal carnal” y cuyo sello político es la cercanía con un grupo político marcado por la corrupción. Para garantizar un sistema de justicia diferente, la Fiscalía debe hacer las cosas de forma distinta. Debe haber procesos abiertos, públicos y razonados; comenzando por el nombramiento de su titular.
División de Estudios Jurídicos. CIDE
@ cperezcorrea
