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La semana pasada se presentaron los resultados de la séptima Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, del Inegi. La encuesta busca, entre otros objetivos, estimar la cifra negra de delitos en el país. Es decir, los delitos que se cometen, pero que la autoridad no registra ya sea porque no se denuncian o porque, aun denunciándolos, la autoridad ministerial no abre una investigación formal. La encuesta además busca medir la confianza que tienen las personas en las instituciones de seguridad pública y la percepción sobre su desempeño.
Los resultados son preocupantes, primero porque muestran que el número de delitos cometidos en el país continúa creciendo, como también sigue creciendo el porcentaje de hogares que reportan victimización. En 2012, 32% de los hogares reportaron al menos una víctima del delito; en 2016, el porcentaje ascendió a 34%. La encuesta además señala que más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian y, de los que sí se denuncian, en 35% de los casos no se inicia una investigación penal. Esto significa que, a nivel nacional, 93.6% de los delitos quedan sin siquiera ser investigados. Hay estados donde la cifra negra es aún más alta, como el caso de Guerrero que tiene una cifra negra de 98% (es decir qué solo el 2% de los delitos que se cometen se investigan penalmente) o Tamaulipas con 95%.
¿Por qué no se denuncian los delitos? Según la Envipe, en 62% de los casos la autoridad es la razón por la que las personas no están dispuestas a denunciar. Las personas consideran que denunciar es una pérdida de tiempo, tienen desconfianza hacia la autoridad, consideran que los trámites son largos o difíciles o perciben una actitud hostil de la autoridad. Tenemos así un país con un número creciente de delitos, pero una sociedad que no denuncia porque desconfía de las autoridades que parecen lentas, ineficientes y a veces incluso hostiles.
Los datos de la Envipe fueron presentados una semana después del terremoto, con las labores de rescate aún en marcha y con la sociedad capitalina enfocada en dar ayuda. Las respuestas del gobierno en las horas y días posteriores al desastre, sin embargo, permiten ver algo del mismo panorama que dibuja la Envipe. El terremoto puso en evidencia a un gobierno ausente en las horas de más apremio, con autoridades pasmadas, ineficientes y descoordinadas entre sí. Desde el espectáculo del rescate de la inexistente niña Frida Sofía —donde altos mandos de la Marina públicamente sostuvieron versiones contradictorias y falsas— hasta el etiquetado de donaciones de particulares con sellos de los gobiernos locales, pudimos constatar las inercias institucionales que impiden respuestas efectivas y generan desconfianza. Algunos gobernantes apenas se hicieron presentes cuando resultó redituable políticamente. Por supuesto, no podemos descalificar a todas las autoridades; muchas participaron en rescates y ayudaron, como pudieron, en condiciones de precariedad. Pero vimos ahí lo que vemos en otras áreas del gobierno como la de seguridad: las ocurrencias, el vacío de autoridad, la falta de coordinación y el oportunismo político. Constatamos también la desconfianza, justificada, hacia la autoridad y la enorme brecha que hay entre ésta y la sociedad.
Al tiempo, ante el desastre, la sociedad mexicana supo organizarse y responder conjuntamente. Se mostró capaz de coordinar labores de rescate, colectas, transporte y entrega de víveres, herramientas y otros enseres a los lugares más afectados. Hubieron ineficiencias, pero no deja de ser asombroso que, a pesar de la desconfianza y el miedo imperante, se establecieron redes de apoyo entre desconocidos. De este evento habría que entender aquello que permite la cooperación social, que posibilita una sociedad más solidaria y también más segura.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
