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Nuevamente el PRI, en alianza con los rebeldes del PAN, apuran la aprobación de la Ley de Seguridad Interior antes de concluir el periodo legislativo. Dicen sus proponentes que esta nueva versión corrige los excesos, peligros y violaciones a la Constitución de versiones anteriores. Es un engaño. Se trata de la misma ley con definiciones sumamente amplias, sin controles de vigilancia, sin transparencia o rendición de cuentas, que autoriza a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública (en contravención de lo que establece la Constitución), por tiempo indefinido.
La nueva versión de ley define la Seguridad Interior (entre otros supuestos), como aquello que afecta “la estabilidad de las instituciones cuando dicha afectación dañe gravemente a la población”. Las “acciones de seguridad interior” se definen como aquellas que “realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas” para “identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior”.
Pensemos en dos problemas actuales para intentar entender los alcances de lo propuesto: la corrupción y la compra de votos. Nadie negaría que la corrupción afecta la estabilidad de las institución y daña gravemente a la población. ¿Deben el Ejército y Marina prevenir, investigar y contener la corrupción? ¿Qué entrenamiento tienen para ello? (Por cierto, ¿qué significa contener en este contexto?) En el caso de la compra de votos, parece evidente que este delito afecta la estabilidad de la democracia, pero ¿debe el Ejército estar a cargo de las próximas elecciones? ¿Qué implicaciones electorales tendría esto?
El dictamen además señala que la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley es de seguridad nacional para efectos de transparencia y acceso a la información. Olvidémonos entonces de eso de evaluar el desempeño o enterarnos de las violaciones a los derechos humanos que cometan las fuerzas federales, incluida la policía federal. No se trata pues de una ley que limite a las Fuerzas Armadas. Todo lo puede decidir unilateralmente el Poder Ejecutivo, sin contrapesos institucionales y sin rendir cuentas a nadie.
México vive una crisis de seguridad y violencia innegable. Esta crisis es producto del abandono, durante años, de las policías y de otras instituciones de seguridad pública. Pero también es el resultado de una estrategia de seguridad que militarizó el país sin un diagnóstico claro, sin una ruta de salida y sin atender los graves problemas de las instituciones de justicia. Hoy muchos gobiernos estatales apoyan esta iniciativa porque les permite postergar la reforma de sus policías y procuradurías, una labor lenta y sin rédito político. Basta con levantar la mano para que las fuerzas armadas asuman la responsabilidad constitucional en la que ellos fallan. Los resultados: aún peores policías, un aparato militar mayor y crecientes cifras de violencia.
El 1 de julio de 2018 se elegirán 3,326 cargos de elección popular entre los que se encuentra el próximo Presidente, 9 gobernadores, 128 senadores y 500 diputados. 30 entidades federativas tendrán elecciones locales. A pocos días de entrar al periodo electoral, el Congreso sigue sin elegir Fiscal Especial para delitos electorales o Fiscal Anticorrupción, sin crear la Fiscalía General de la República, sin atender la crisis de las policías o el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso sí, apuran la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que garantiza la continuidad de la actual estrategia fallida de seguridad y legaliza la claudicación del poder civil frente al militar. Pasar esta ley en vísperas del proceso electoral es mala idea. Hacerlo tras 11 años de catástrofe militarizada es simplemente una forma burda de hacer de la vigencia de la Constitución una facultad discrecional del Presidente.
División de Estudios Jurídicos CIDE.
@ cataperezcorrea
