De no llevarse a cabo el apagón analógico en tiempo y forma, previsto para el 31 de diciembre próximo, Cadena Tres podría demandar al Estado por afectación a su programa de inversiones.
El propietario de la empresa que ganó la licitación para operar la nueva cadena de televisión abierta en el país, Olegario Vázquez Aldir, señaló que analizan dicha posibilidad en caso de que el gobierno federal incumpla con terminar las transmisiones análogas para dar paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT).
“Aplazar el inicio de las transmisiones digitales no sólo afectaría nuestro programa de inversiones de 10 mil millones de pesos, sino que el propio gobierno estaría incentivando prácticas anticompetitivas en favor de las televisoras abiertas de cobertura nacional ya existentes”, sostuvo en un comunicado el directivo de la cadena de televisión perteneciente a Grupo Imagen Multimedia.
Recordó que la licitación que ganó Grupo Imagen fue para operar 123 frecuencias de televisión digital y comentó que el pasado viernes concluyó con el apagón analógico en el Valle de México y “estamos listos para arrancar en 2016 con la cobertura nacional como el gobierno lo exigió en la asignación de la licitación”.
Confió en que no se aplace el inicio de las transmisiones digitales que están protegidas por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y por la reforma en la materia en la que se ordenó la conformación de dos cadenas nacionales de televisión digital abierta.
De no ser así, advirtió, la empresa tendría bases sólidas para demandar al Estado no sólo por el incumplimiento legal, sino por los daños que una decisión de esta naturaleza representaría para Grupo Imagen y Cadena Tres.
“Ya existen algunos acuerdos publicitarios sobre las transmisiones de la nueva cadena de televisión, por lo que si bien confiamos que las autoridades se apeguen a lo establecido en proceso licitatorio, no dudaremos en interponer una serie de demandas por las afectaciones que pueda causar si deciden aplazar el apagón analógico”, reiteró.
El directivo indicó que además de las afectaciones empresariales, el Estado mancharía “la transparencia con que hasta ahora se había manejado la licitación para operar la nueva cadena de televisión abierta”.
De igual forma, anotó, se pondría en duda la intención del gobierno federal de hacer llegar nuevos y mejores contenidos a la población mexicana.
“En Grupo Imagen entendemos el compromiso social que conlleva operar una cadena de televisión abierta, por eso seguimos trabajando por generar los mejores contenidos para las nuevas audiencias, programaciones versátiles, atrevidas e innovadoras, que hoy difícilmente se pueden encontrar, salvo las plataformas de Internet”, puntualizó.
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