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Organizaciones de comunicación comunitaria pidieron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que retire de los medios de comunicación la campaña Se busca por robo, al considerar su mensaje violatorio de los derechos humanos.
“Con fundamento en el artículo ocho constitucional solicitamos al IFT se retire de manera inmediata la campaña Se busca por robo”, señalaron las organizaciones en un comunicado.
La campaña, que comenzó su difusión el 23 de marzo, señala que transmitir a través de estaciones de radio sin concesión es un delito.
“Declaramos que esta campaña contiene información falsa que alienta violaciones a los derechos humanos como las que han sido practicadas por autoridades locales que han allanado medios de comunicación que les son incómodos”, indicaron.
Esta acción atenta contra la libertad de expresión e información de la ciudadanía, especialmente de los sectores que impulsan la comunicación comunitaria e indígena, agregaron.
“A diferencia de la información promovida desde el IFT para la defensa de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, la publicidad del organismo en materia de radiodifusión ha tendido a criminalizar y perseguir a medios que no cuentan con concesión, aunada a una inexistente promoción de los derechos de las audiencias en este rubro”, explicaron.
Señalaron que si el instituto busca que los medios sin concesión operen bajo el esquema normativo vigente, deben brindar información y destinar a medios comunitarios e indígenas 1% de su presupuesto para comunicación social y publicidad, “lo que hasta ahora no ha sucedido”.
“Exhortamos al IFT a conducirse acorde con las obligaciones, principios y valores de legalidad e imparcialidad, eficiencia, certeza, objetividad y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto Orgánico del IFT, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, el Código de ética de servidores públicos del gobierno federal y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, evitando la promoción de información falsa que pueda alentar violaciones a la libertad de expresión”, precisaron.
En enero, el instituto lanzó una plataforma para que, de manera anónima, se denuncie la operación de estaciones de radio sin concesión.
Mientras que la campaña explica que el regulador supervisa el uso del espectro, pues transmitir sin una concesión es un acto ilegal.
