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Las extorsiones telefónicas son un negocio que han dejado más de mil 350 millones de pesos a escala nacional a las bandas delincuenciales entre 2001 y 2015, de las cuales, 853 operan desde los penales, según el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, que destaca que para las extorsiones se utilizan más de 2 millones 715 mil celulares, de los cuales, 52% pertenecen a la capital de la República.
“Hay reos en la Ciudad de México que operan con celulares correspondientes a Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango”. Por estas razones, aunque el bloqueo de señales de telefonía móvil en penales no es determinante para eliminar este tipo de delito sí abona a disminuirlo, por lo que es urgente implementar la regulación, indicó.
Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, dijo que el bloqueo de señales de telecomunicaciones en Centros de Readaptación Social debe de ser considerado un asunto de seguridad nacional.
Por ello, se debe incrementar su importancia porque no es un tema nuevo y se ha comprobado que no hay eficiencia en el control de las telecomunicaciones dentro de los penales, señaló.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizó una consulta pública sobre las disposiciones técnicas que deben cumplir los equipos de bloqueo de señales de radiocomunicación dentro de los Centros de Readaptación Social, cuyos comentarios van a ser analizados por el regulador antes de publicar el documento que entraría en vigor dos meses después.
Abel Hibert, ex comisionado de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), dijo que no se trata de un tema fácil de controlar y el bloqueo no es una “solución mágica” en centros penitenciarios, por lo que se requiere trabajar para eliminar la corrupción.
Luis Wertman, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, comentó que el tema a resolver es cómo ingresan teléfonos celulares a los penales.
Pablo Bello, presidente de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), reconoció que se deben de generar mecanismos de participación entre autoridades y concesionarios de telecomunicaciones que “faciliten la labor de las autoridades en la prevención de los delitos”.
Bello comentó que en América Latina se ha evidenciado el uso de tecnologías de la información por parte de los internos en las cárceles. Sin embargo, aseguró que se ha documentado que los bloqueadores causan afectaciones a los servicios de telecomunicaciones en las zonas aledañas a donde se instalan, por lo que debe prever que los inhibidores de señales impacten a la población que vive fuera de los penales.
El bloqueo considerado en la disposición técnica elaborada por el IFT involucra sólo a señales de radiocomunicación, por lo que la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad e Industria Satelital (Amesis) propuso que se incluyan los sistemas de rastreo o GPS y las comunicaciones satelitales.
