Empresas ICA, considerada hasta hace un año una de las principales constructoras de América Latina, estima que podría recibir hasta cuatro mil 145 millones de pesos, cerca de 222 millones de dólares, si gana todos y cada uno de los juicios que tiene, o que interpondrá, con distintos gobiernos y con otra empresa constructoras.
La confianza de la empresa de llegar a cobrar ese dinero es mucha, al menos así lo demuestra en su reporte anual de 2015, aunque no todos compartan su optimismo.
"El tema de los juicios siempre es complicado (...) porque ya llevan bastante y no sabemos cuánto más falte", dijo un analista de la industria de la construcción quien pidió no ser identificado.
Pero incluso si recibiera fondos por esos juicios, los recursos podrían llegar demasiado tarde. Para cuando los jueces emitan sus sentencias, la empresa, con sede en la Ciudad de México, muy probablemente tenga un menor tamaño al actual luego que la semana pasada anunció una nueva estrategia que involucra la venta de filiales y activos para poder obtener fondos y con ellos reducir sus obligaciones financieras y así alcanzar un acuerdo de reestructuración con sus acreedores.
Desde diciembre ICA no ha cubierto sus obligaciones financieras y está en proceso de elaborar un plan de reestructuración de adeudos. Así, si la constructora es optimista sobre sus probabilidades de ganar sus disputas legales, no lo es tanto como para pensar que no deba ajustarse a su nueva realidad, luego de que cayó en incumplimiento.
"ICA apoya una discusión más a fondo de sus planes a futuro, incluyendo cualquier reestructura de su deuda actual, con todos sus acreedores", dijo la compañía al anunciar su nuevo plan de negocios la semana pasada.
De las nueve disputas legales que tiene ICA, la más conocida es la relacionada con el pago de trabajos adicionales y extraordinarios que realizó para la edificación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Esos trabajos adicionales no formaron parte del contrato que ganó la compañía mexicana, con otras dos empresas, para edificar esa obra de transporte urbano. Los socios de ICA en ese proyecto fueron Alstom Mexicana, una filial del fabricante de trenes francés Alstom, y Carso Infraestructura y
Construcción, una subsidiaria del conglomerado industrial Grupo Carso, una empresa controlada por el empresario más acaudalado de México, Carlos Slim.
Tras cuatro años de procesos legales en torno a esa obra, que tuvo que sufrir una suspensión a los pocos meses de su entrega y puesta en marcha, el pleito está aparentemente en su etapa final, por lo que ICA sólo espera que un juez dicte sentencia. En caso de que el fallo sea favorable, entonces el consorcio constructor recibiría un pago de alrededor de dos mil 646 millones de pesos, por lo que a ICA le tocarían dos mil 154 millones de pesos (116.5 millones de dólares), de acuerdo con el último reporte anual de la constructora.
Claro que esa no es la única acción legal del consorcio contra el gobierno capitalino. En febrero, las tres compañías presentaron cuatro demandas adicionales en torno a la construcción de la también llamada 'Línea Dorada'. Dos de esas cuatro demandas ya están en curso y se refieren a afectaciones sociales, estimaciones pendientes y trabajos de rehabilitación y mantenimiento de las vías de la Línea 12 del Metro.
Como resultado, el consorcio exige el pago de 575.7 millones de pesos (31.1 millones de dólares) al gobierno de la Ciudad de México.
En cuanto a otras disputas contra autoridades gubernamentales, la constructora tiene demandas contra los gobiernos de Querétaro y Puebla.
En el primer caso por la falta de pago de las obras que realizó, fuera de presupuesto, en torno al Acueducto II Querétaro; mientras que en el segundo, la demanda es por falta de pago del distribuidor vial que edificó en la Autopista México-Puebla.
En el caso de Querétaro, el monto que ICA demanda que le sea cubierto es de 474.2 millones de pesos (25.6 millones de dólares); mientras que el de Puebla es por 472.8 millones (25.7 millones de dólares).
MÁS JUICIOS
A estos conflictos legales, ICA ha sumado otros dos juicios más. El primero para exigir a la Dirección General de Aeronáutica Civil, un organismo dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el pago de cerca de 401 millones de pesos (21.7 millones de dólares) como indemnización por la expropiación de dos terrenos en la capital queretana.
El segundo es contra Desarrolladora Bahía Petempich, una empresa dedicada a la construcción de inmuebles con sede en Guadalajara. En este caso, ICA argumenta que la compañía le debe 67.3 millones de pesos (3.6 millones de dólares) por trabajos adicionales y extraordinarios que hizo para un proyecto que tiene el mismo nombre.
Todos los juicios, que datan de 2012 y 2013, están en diferentes instancias legales, por lo que su resolución no se espera pronto. De hecho, ICA estima que dos de ellos, el relacionado con los trabajos adicionales en la Línea 12 del Metro y el distribuidor vial de Puebla, no serán resueltos sino hasta dentro de "un periodo de tiempo mayor a 12 meses".
Ejecutivos de ICA declinaron otorgar más información sobre los alegatos legales que tiene la empresa, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los gobiernos de Querétaro y Puebla no estuvieron disponibles para hablar de las disputas con ICA.
Si ICA llegara a ganar sus pleitos, la constructora podría destinar los recursos que recibiera a reducir su deuda de corto plazo, que al cierre del primer trimestre del año fue de 29 mil millones de pesos (mil 568.4 millones de dólares), o bien a reactivar algunos proyectos.
También podría utilizar el dinero para pagar parte del préstamo de 215 millones de dólares que le otorgó Fintech Europe, una filial del fondo de inversión
Fintech que fundó y opera el financiero mexicano David Martínez.
Los recursos, sin embargo, llegarán quizás muy tarde. ICA ya dijo la semana pasada que ante la falta de recursos planea devolver al gobierno la concesión que ganó para construir la autopista de peaje Barranca Larga-Ventanillas en Oaxaca.
En todo caso el dinero que capte en los tribunales no será suficiente para detener la hemorragia financiera que está provocando que ICA opte por reducir su tamaño con la venta de diversas filiales.
De hecho, los recursos que podría recabar ICA por sus juicios sólo le servirían para pagar 6.6 por ciento de su deuda total, o 13.8 por ciento de sus compromisos financieros de corto plazo o el total de su deuda con sus proveedores. "Obviamente ayuda. Lo que pueda recibir ahorita es bastante bueno", agregó el analista. "Pero el contexto sigue siendo el mismo".
tcm
