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sara.cantera@eluniversal.com.mx
Este jueves, los senadores Martha Tagle Martínez, sin partido, y Luis Sánchez Jiménez del PRD, presentarán en la sesión del pleno del Senado de la República, un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de Paulo Jenaro Diez Gargari, asesor jurídico de Infraiber.
Los senadores promoverán el sobreseimiento y la libertad absoluta de Paulo Díez Gargari, derivado de la averiguación previa con número 1215/UEIDAPLE/LE/I/201.
Dicha averiguación derivó de los hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2015, cuando Díez Gargari fue detenido en la vía pública por más de una decena de agentes de la PGR, con motivo de una orden de localización y presentación al Ministerio Público Federal para rendir una declaración como testigo.
En una videograbación tomada por una cámara de circuito cerrado de un local comercial el mismo día que fue detenido Paulo Díez, se acreditó que uno de los agentes que intervinieron en la irregular detención fue el responsable de colocar dentro del vehículo de Paulo Díez Gargari el arma de fuego mencionada.
Se evidenció además que uno de esos agentes no pertenecía a la Policía Federal Ministerial, sino a la Policía Ministerial del Estado de México.
El Ministerio Público ejerció acción penal contra los agentes y el 26 de octubre de 2015 el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal giro órdenes de aprehensión y posteriormente decretó auto de formal prisión a los agentes involucrados en el operativo de detención de Díez Gargari.
Sin embargo, el Ministerio Público Federal mantiene abierta la averiguación previa abierta contra Paulo Díez por el falso delito de portación de arma de fuego, y no ha determinado el no ejercicio de la Acción Penal, contraviniendo de esta manera el artículo 137 del Código de Procedimientos Penales, negándole la libertad absoluta y manteniendo un status jurídico de libertad provisional bajo caución, informó Infraiber, en un comunicado.
En el Punto de Acuerdo se señala que “existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis de que la ilegal detención e incriminación del delito de arma de fuego del ciudadano Paulo Jenaro Díez Gargari responden a un esquema criminal diseñado y ejecutado con la participación de servidores públicos, así como de accionistas, consejeros y empleados del GRUPO OHL y sus subsidiarias mexicanas”.
La detención, la simulación de pruebas por parte de autoridades judiciales a nivel federal, y la permanencia como probable responsable, sobre un delito en el que jamás participó constituyen, por parte del Ministerio Público, hechos flagrantemente violatorios a los derechos humanos y a las garantías constitucionales de Paulo Díez, sostienen los senadores Martha Tagle Martínez y Luis Sánchez Jiménez.
Los legisladores argumentan que al haber quedado demostrada y acreditada la inocencia de Paulo Díez Gargari es necesario que el Ministerio Público Federal determine de manera inmediata “el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa antes referida y promueva el sobreseimiento, así como su libertad absoluta”.
tcm
