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A mediados de junio podría definirse el porcentaje de incremento al salario mínimo que pretenden otorgar los empresarios del país a los trabajadores en la segunda mitad del año, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
El dato dependerá del resultado de la negociación entre el sector obrero, patronal y el gobierno federal, dijo.
De llegarse a un acuerdo, se aplicaría prácticamente de inmediato, lo que va a ayudar a la recuperación del poder adquisitivo, destacó.
Esta es una propuesta que impulsa el sector privado y que presentó a la sociedad civil en un desplegado desde el pasado 17 de marzo, para concretar un gran acuerdo nacional laboral en el que se incluyen estrategias para aumentar la productividad, y hacer cambios en la estrategia salarial en el largo plazo.
Dentro de esta visión “revolucionaria” de cambios al sistema laboral, también se prevé incluir modificaciones a la forma en que se imparte la justicia en conflictos obrero-patronales.
Sobre la declaración que el jueves pasado hizo el presidente de la Canaco Ciudad de México, Humberto Lozano, de que esperarían definir el aumento este 1 de mayo, De Hoyos dijo que “es un tema que nos va a tener ocupados en la discusión y en el análisis, pero de ninguna manera hay una postura de que se tenga para el 1 de mayo”.
“Es un tema relevante, Coparmex coincide en tener una política salarial con visos de largo plazo, que brinde resultados en el corto plazo, pero no ocurrirá sino hasta mediados del mes de junio”, manifestó.
Antes de mediados de junio “veo muy difícil tener un consenso” en torno a este aumento.
El acuerdo debe de ser satisfactorio para todos los sectores productivos, indicó al respecto.
Además, el presidente de Coparmex se refirió a que el Senado no logró la aprobación de las siete leyes secundarias que conforman el sistema nacional anticorrupción.
“No queremos remedios”, dijo, sino soluciones de fondo e integrales, por lo que celebró que los senadores anunciaran un periodo extraordinario, aunque reconoció que deben “acelerar el paso” porque tienen hasta el 28 de mayo para hacerlo en el plazo establecido.
Expuso que se exigirá que la ley que se apruebe respete el fondo y la iniciativa ciudadana 3 de 3, es decir, que sea obligación de todos los políticos el dar a conocer su declaración patrimonial, fiscal y de interés.
Hay coincidencia en este punto y lo que se discute es si va a ser pública o no; sin embargo, debe ser una exigencia para todo aquel que quiera ocupar un cargo público, y si no, “que se dediquen a otra cosa”, recalcó el presidente del organismo empresarial.
