Más Información
Felipe Calderón y Margarita Zavala festejan Navidad con sus hijos; “les mandamos nuestros mejores deseos”, expresan
Adriana Malvido invita a unirse al nuevo movimiento ambiental ABC/MX; convoca a la juventud para enfrentar la crisis climática
José Ramón López Beltrán y su familia agradecen apoyo con foto navideña; “nos sentimos muy afortunados”, dicen
Claudia Sheinbaum y Jesús Tarriba envían mensaje a mexicanos; “gracias por lo que hacen por sus familias y por México”
Decomisan arsenal, granadas y equipo táctico en Pantelhó, Chiapas; catean rancho tras enfrentamiento
sara.cantera@eluniversal.com.mx
Al gobierno de Veracruz se le siguen acumulando las deudas.
A los distribuidores de autos les deben 70 millones de pesos correspondientes a la compra de varios vehículos para diferentes dependencias, principalmente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz.
El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, dijo que este adeudo data de hace tres o cuatro años y corresponde a varios pedidos de diferentes agencias.
“De los que tenemos identificados, 10 millones de pesos se les debe a distribuidores del estado de Veracruz y los otros 60 millones a distribuidores fuera del estado”, comentó Rosales.
El directivo de AMDA detalló que los 60 millones de pesos se les debe a dos grandes grupos de agencias automotrices ubicadas en la Ciudad de México
y Monterrey.
“Cuando dejaron de pagar, salieron a comprar (vehículos) en otras ciudades principalmente a la Ciudad de México y Monterrey y volvieron a quedar a deber”, precisó.
“Están documentadas las entregas, los contratos, los pedidos, las facturas y los vehículos entregados. No son ni empresas fantasma, ni pedidos fantasma, la mayor parte de estas ventas o adeudos rebasan los tres o cuatro años”, explicó Rosales.
Sin detallar el número de vehículos que se le vendieron al gobierno veracruzano comentó que hay de todo tipo, desde sedanes, camionetas, pick ups y hasta SUV’s.
Rosales agregó que si bien no es la primera vez que un gobierno estatal les adeuda dinero, pues autoridades de Michoacán también le han quedado a deber, el adeudo de Veracruz “es el caso más fuerte”.
Un distribuidor de Veracruz, que prefirió mantener el anonimato, comentó que a él le deben la compra de 90 vehículos que una empresa carrocera convirtió en patrullas, pero que el gobierno de esa entidad finalmente no cumplió con el pago.
“A nosotros nos debe la carrocera, la carrocera nos compró los vehículos y los transformó en patrullas y se los vendió al gobierno de Veracruz”, explicó.
“Nosotros estamos haciendo todo lo que legalmente está en nuestras manos para cobrar, pero así como nosotros quien sabe cuántos proveedores más hay”, indicó el vendedor.
El distribuidor automotriz demandó a la carrocera para tratar de obtener el pago por la venta de los 90 vehículos al gobierno local.
El directivo de AMDA agregó que cada distribuidor está en su derecho de emprender acciones legales en contra del gobierno de Veracruz por daños
y perjuicios.
No obstante, esperan que la nueva administración de Miguel Ángel Yunes Linares pague la deuda.
“Son ventas que están perfectamente documentadas, son compromisos del gobierno del estado de Veracruz. Los distribuidores no le vendieron a Javier Duarte ni a ninguno de sus funcionarios, le vendieron al gobierno del estado de Veracruz y es un tema que planteamos en campaña con los tres candidatos y todos coincidieron en que se tenían que revisar las cuentas para depurar los compromisos reales del estado y aquellos que no estuvieran bien documentados”, detalló Rosales.
Demandan los recursos. Los agremiados a AMDA no están interesados en recuperar los vehículos, pues después de tres o cuatro años de uso están desgastados y devaluados. Lo que quieren es su dinero.
Al cierre de 2015, la deuda pública de Veracruz ascendía a 64 mil 580 millones de pesos con instituciones financieras, proveedores y contratistas, pero no incluye lo que se le debe a constructores, comerciantes, a los organismos autónomos y municipios, ni los 2 mil millones que se le deben a la Universidad Veracruzana.