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Con el voto en contra de Morena y la ausencia del PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría los primeros dictámenes del paquete económico 2017 para reformar la Ley Federal de Derechos (LFD) y el régimen fiscal de Pemex.
Las dos iniciativas se avalaron sin cambios de fondo respecto a las del Ejecutivo. Sólo aprobaron tres cambios menores a la LFD y uno a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Sin embargo, en la segunda que tiene que ver con el régimen fiscal de Pemex, fue motivo de oposición de diputados de Morena al argumentar que ante el fracaso de la reforma energética se permite mayor deducción de empresas privadas productoras de petróleo no sólo como porcentaje sino por un monto absoluto.
“Es decir que deduzcan más y el Estado tenga menos ingresos creando más huecos fiscales”, acusó.
Se está haciendo un nuevo régimen fiscal especial para otorgar más facilidades a las empresas privadas, porque la reforma energética no resulta atractiva, afirmó.
Explicó que bajo el esquema fiscal actual, Pemex puede deducir por barril 12% del crudo y los privados alrededor de 60%; es decir, Pemex 4.5 dólares y las empresas 24 dólares.
“Esa es la asimetría que enfrenta Pemex con la diferencia de deducción y ante la caída de la plataforma petrolera, el costo lo pagan contribuyentes vía la gasolina”, argumentó.
La única modificación que aprobó la Comisión de Hacienda fue agregar un nuevo artículo 63 para que el Servicio de Administración Tributaria pueda hacer la verificación de contratos a través de visitas, porque sólo se prevé que sea por medio de auditorías, con lo cual el fisco no va a estar limitado para visitas de inspección.
Los diputados también le dieron el visto bueno a la iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos con tres cambios mínimos.
Uno de ellos al artículo 271 de la LFD, para la utilización de recursos para del Fondo Minero, que tienen un destino específico y están etiquetados para proyectos de desarrollo sustentable para estados y municipios.
También se decidió por unanimidad que la propuesta del Ejecutivo de eliminar derechos por el uso o goce de postes, torres, ductos u otros bienes similares propiedad de algunos organismos públicos descentralizados se mantenga para seguir cobrando.
