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Las microfinancieras en México, así como otros intermediarios que ofrecen financiamiento en zonas de nula o escasa penetración bancaria, enfrentan serias complicaciones para cumplir con los requisitos en la legislación anti lavado que opera en México.
A unos meses de que comience la evaluación en el país de los controles que se han aplicado para evitar este tipo de fraude, el sector de microfinanzas en México aún no logra pasar los exámenes anti lavado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de que los cumplimientos de ley resultan excesivamente caros.
Según la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo en México (Concamex), tener un oficial de cumplimiento ―personal mínimo que exige la legislación mexicana como parte de las medidas de controles anti lavado― resulta excesivamente caro, y este costo se ve reflejado en los intereses que se cobran en el financiamiento en el sector popular.
“En el caso de prevención de lavado de dinero se debe contar con un oficial de cumplimiento para que realice esta función. El costo para una certificación es de 60 a 70 mil pesos”, dijo Yadira Medina, directora general de Concamex.
“En cooperativas que se encuentran en zonas rurales, difícilmente hay personas que cuenten con conocimientos técnicos y estudios de nivel superior para cumplir esas necesidades. Esto implica un costo, y se traduce a la tasa del préstamo, porque se debe restar del margen financiero que tienen las cooperativas”, aseveró.
Destacó que después del costo por pago de impuestos, la tasa de interés que cobran las cooperativas se ve impactada por el costo regulatorio.
“Podríamos mejorar nuestra tasa si los costos por la operación de la sociedad pudieran disminuir”, añadió.
De acuerdo con la directiva, el aumento en la tasa de referencia del Banco de México aún no se ha reflejado en los intereses que se cobran por parte de las cooperativas, cuyo promedio es de 18%.
Según Concamex, la inseguridad afecta por los cobros o los asaltos, lo que incluso las ha llevado a cerrar en las zonas más complicadas del país.
“Es un gasto, y eso les limita a aumentar el excedente de mejora en una tasa o enfocar ese recurso a gasto social o educación cooperativa”, añadió.
Sin embargo, la directiva resaltó que el costo regulatorio es lo que más complica la operación para el sector popular.
Por ejemplo, destacó que una cooperativa debe tener, además del oficial del cumplimiento, auditores internos, cumplir con varios procesos que resultan costosos en zonas rurales donde no existe este tipo de personal capacitado. “Es un costo fuerte, además de que no se puede compartir este personal entre cooperativas, lo cual reduciría el costo”, dijo.
Este mes se realizará una nueva evaluación para oficiales de cumplimiento, requisito que hasta el momento han completado 30% de las cooperativas asociadas a Concamex.
Este organismo agrupa a más de 133 cooperativas en todo el país que abarcan a 4.9 millones de clientes en las zonas de menor acceso bancario.
