maria.saldana@eluniversal.com.mx
La “modernización” del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM) abre la posibilidad de que las empresas interpongan demandas por arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano y viceversa.
De acuerdo con un reporte del Transnational Institute (TNI), con sede en Amsterdam, también se podrá actuar contra políticas públicas concebidas para proteger a las personas y medio ambiente.
Especialistas del organismo no gubernamental afirmaron que el texto del modelo de inversiones de los europeos no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando al Estado a pagar miles de millones de euros o de pesos.
“Los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son ‘necesarias’ y sirven a objetivos ‘legítimos’ frente a los ataques de los inversionistas”, detalla el análisis realizado por Cecilia Olivet y Manuel Perez Rocha.
Para el TNI, que forma parte del Institute for Policy Studies, con sede en Washington, el problema es que los casos serán resueltos por abogados que fungirán como “jueces”, con el inconveniente de que tendrán un “incentivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores”.
En el documento “Desenmascarados los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea”, los analistas explican que como México ya abrió su sector energético, el peligro que existe es que sea objeto de demandas por petroleras.
“Un gran porcentaje de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales 80% ha sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo”, expusieron.
Sobre la negociación bilateral, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo recientemente que se trata de una modernización del acuerdo, porque cuando se firmó originalmente no se contemplaron aspectos como propiedad intelectual e inversión, entre otros capítulos.
Además, se requiere aumentar las ventajas arancelarias para productos industriales y agropecuarios.
La primera ronda de negociaciones entre México y la Unión Europea para actualizar el tratado se realizó este lunes y martes en Bruselas.
Guajardo explicó que el acuerdo se negoció a fines de los 90 y el comercio cambió en las últimas décadas.
Por ejemplo, ahora hay comercio electrónico y se legisla más en materia de propiedad intelectual.
El funcionario también comentó que con los representantes europeos se discutieron temas en tres mesas de trabajo; una tiene que ver con comercio e inversión; la segunda con diálogo político, e incluye derechos humanos, y la tercera aborda la cooperación entre los países.
