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Ni los estados ni la federación están listos para cumplir con la implementación al 100% de la reforma de justicia del 2008 que debiera estar al 100% el 28 de junio próximo. Al contrario mantienen un sistema obsoleto y corrupto, y sin avances para revertir la delincuencia, lo que al sector privado cuesta anualmente 110 mil millones de pesos, aseveró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El presidente de la máxima cúpula empresarial del país, Juan Pablo Castañón, aseveró que sólo el 1% de los delitos llegan a niveles de sanción; menos del 10% de los delitos se denuncian; las cárceles tienen una sobrepoblación del 30%.
Y, tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo que ha tenido un costo anual de alrededor de 110 mil millones de pesos.
Además de que en lo que va del año se registraron 4 mil homicidios relacionados al crimen organizado y ocho de cada 10 mexicanos sienten inseguridad.
Preocupa que mientras la población es víctima del delito “los grandes escándalos de corrupción rara vez se investigan y llegan a consecuencias, salvo casos aislados, que muchas veces tienen tintes políticos”, ante dicha realidad se podría ver que los linchamientos tienen ahí su origen.
“Por eso es fundamental transformar a fondo nuestro sistema de procuración de justicia, obsoleto frente a los niveles de corrupción y delincuencia que corroen la confianza, la convivencia social y el crecimiento económico consecuente. Por la misma razón es que insistimos en que el Sistema Nacional Anticorrupción no puede funcionar sin una fiscalía autónoma y competente, con todas las atribuciones que complemente el sistema”.
El 18 de junio de 2016 debe entrar en operación, a nivel federal y estatal, el nuevo sistema penal dispuesto por la reforma de justicia del 2008, con lo que transitaríamos de la opacidad a un esquema acusatorio basado en la presunción de inocencia, en procesos abiertos, transparentes, con juicios orales.
Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), “apenas nueve entidades operan totalmente en el nuevo esquema, ninguna cumple con todos los estándares de una transformación completa, y en el orden federal el retraso es igualmente importante. Todo esto, a pesar de que contaron con ocho años y de que se canalizaron ingentes recursos económicos para infraestructura, equipamiento y capacitación”.
De mantenerse este ritmo de implementación tardaremos hasta el 2017 para consolidar el esquema.
jram
