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El despido de 15 mil 825 servidores de la administración pública federal como parte del recorte al gasto corriente, va a tener un costo de 2 mil 135.2 millones de pesos en 2016.
Así lo aprobó la Cámara de Diputados como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del próximo año.
El decreto establece que los trabajadores que conserven su empleo van a estar sujetos a los recursos aprobados y van a tener como objetivo exclusivamente mantener el poder adquisitivo respecto de 2015.
Los diputados avalaron la propuesta original que envió el Ejecutivo el pasado 8 de septiembre para hacer frente al gasto que representa el ajuste al cinturón en servicios personales.
El Programa de Separación Laboral fue ratificado por los diputados para hacer efectivo el recorte al gasto en ese rubro que va a permitir un ahorro de 7 mil millones de pesos.
Se tiene previsto que el próximo año ya no se van a renovar los contratos de 15 mil 825 empleados del gobierno federal, de los cuales más de 8 mil corresponden al régimen de honorarios y eventuales, y otros 7 mil 740 son trabajadores de la estructura de las dependencias que incluye mandos medios y superiores.
El PEF aprobado por la Cámara Baja contiene una diminución de 7% en gasto corriente y servicios personales por 9 mil 358 millones de pesos.
El pasado 2 de octubre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, justificó que el Programa de Separación Laboral es indispensable pese a que el mayor despido va a ser en el rubro de empleados que están bajo el régimen de honorarios.
Hizo hincapié en que esos trabajadores (los de honorarios) tienen derechos laborales adquiridos y el Estado como patrón tiene que responder ante el recorte.
En su comparecencia ante la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Informe de Gobierno y para explicar el paquete económico para 2016, expuso que en consistencia con la austeridad que implica reducir plazas, particularmente por honorarios y plazas de estructura, el gobierno federal requiere recursos para cumplir las obligaciones del Estado, y por eso esgrimió que se pedía la autorización al Congreso para contar con ellos.
Ahí aclaró que el ajuste en plazas laborales no se incluía al magisterio.
De acuerdo con el PEF aprobado las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública, tienen hasta el último día de marzo de 2016 para reducir sus estructuras organizacionales relacionadas con las áreas y funciones de planeación, evaluación y vinculación, oficialía mayor, comunicación social, asuntos internacionales y órgano interno de control.
Para ello la Secretaría de Hacienda junto con la Función Pública, deben emitir las disposiciones correspondientes en reglas secundarias.
En ese mismo plazo, los ejecutores del gasto deben tramitar y en su caso, realizar reformas a reglamentos interiores, decretos de creación o estatutos orgánicos, según corresponda y que sean necesarios para cumplir la disposición contenida en el decreto.
Se establece en el artículo 16 del decreto que las dependencias y entidades se sujetan a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública que se establezcan en los términos del Título Tercero, Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y en las demás disposiciones.
Las reglas mínimas que deben seguir son no crear plazas, a menos que se cuente con la previsión presupuestaria aprobada para tal fin en el PEF, así como aquellas que sean resultado de reformas jurídicas.
Para el caso de las plazas de investigadores y personal técnico de investigación que se vayan a generar a partir de los recursos que tenga aprobados el Ramo 38 para este fin, éstas se van a concursar bajo los lineamientos que para tal efecto apruebe la Junta de Gobierno del Conacyt.
