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El ganador de la licitación de la Red Compartida será quien brinde la mejor oferta de cobertura a partir del séptimo año, contado desde que se firme el contrato de Asociación Público Privada en agosto de 2016, señaló Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
“El criterio de adjudicación es una fórmula sencilla; básicamente es cobertura poblacional, se va a medir al año siete y va a ganar quien ofrece la mayor cobertura poblacional para el año siete, el piso mínimo de cobertura es 85% de la población y a partir de ahí empieza la licitación al alza”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
En caso de un empate, al encontrarse a una diferencia de dos décimas o menos, el criterio sería el económico, es decir, quien pague más.
Del mismo modo, señaló que decidieron que fuera una cobertura de 85% porque “al 80% es más o menos el punto máximo de la rentabilidad de las redes en México, y eso es fácil porque es rentable. Pero cuando se llega a 80% empieza a bajar esa rentabilidad, y ya no hay un incentivo económico de las empresas a cubrir”.
Este criterio, calificado por la subsecretaria como “el corazón” de lo publicado, demuestra que no será un proyecto recaudatorio, sino un proyecto de promoción de la cobertura.
“El gran objetivo de esta red debe ser la cobertura y por eso se buscó reducir los derechos, aumentar las posibilidades de que nos ofrezcan mayores coberturas y generar mecanismos que nos aseguren la seriedad, esto tiene que evitar que a lo largo de los años exista un incentivo a la renegociación o posibilidades de incumplimiento”.
Por ejemplo, para una cobertura poblacional de 95% se requiere una inversión de 7.2 mil millones de dólares, comentó la funcionaria.
Entre los comentarios recibidos por la SCT por parte de los interesados en el proyecto, relacionados con los criterios generales de las prebases, así como la opinión de analistas, destacó la incertidumbre sobre el objetivo de cobertura de la red, el plazo en que se alcanzaría un determinado porcentaje de cobertura, cómo se financiará, cómo se garantizará que el ganador no abandone el proyecto y cuál será el factor determinante para elegir al ganador.
Lo anterior fue tomado en cuenta por la dependencia y, aunado a la cobertura, se definieron criterios legales, económicos y técnicos que deben cumplir los interesados. Por esta razón se decidió evaluar la capacidad financiera de los participantes.
“Nos tenemos que asegurar de que tengan la capacidad financiera necesaria para hacer frente a un proyecto de este tipo, que no sean propuestas que con el tiempo pudiera resultar que no son sólidas”, señaló.
Al respecto, se les pedirá a los licitantes contar con un capital contable de al menos 15 mil millones de pesos, que deben demostrarse a través de estados financieros auditados. Además, se solicitará una garantía de seriedad de mil 250 millones de pesos y una garantía de cumplimiento del contrato de 15% de la inversión estimada para alcanzar el porcentaje de 85% de cobertura.
Debido al monto de capital contable fijado, la funcionaria estima que en el proceso licitatorio participarán consorcios y no empresas por su cuenta.
“Si viniera una sola empresa con la capacidad, por supuesto, es bienvenida, pero por las dimensiones del proyecto creemos que es más bien una combinación de mecanismos financieros y de participantes que se asocien con alguien con experiencia en redes de telecomunicaciones”, señaló Aspe.
Asimismo se pedirá un fondo de reserva para evitar incumplimientos, en el que “el desarrollador, cuando ya esté firmado el contrato, aporte periódicamente recursos a un fondo que asegurará la inversión de la cobertura de 85% a la que haya ofrecido”, precisó.
Es un mecanismo cuyo fin es que la cobertura adicional que ofreció el ganador se cumpla, subrayó Aspe.
Dicho fondo será depositado por un fideicomiso privado que no podrá ser usado para objetivos ajenos a la Red Compartida, y al cual no accederán ni el gobierno ni las empresas y “sólo puede ser liberado contra la prueba de que se haya cumplido lo prometido”.
La nula participación en materia de inversión por parte de la SCT en el proyecto prevalece, considerando que “lo que aporta el lado público de esta asociación es el derecho de uso de la banda de 700 MHz, y de un par de hilos de red de fibra óptica de CFE”.
Aunque la licitación mantiene la figura de red mayorista, es decir que el ganador no podrá comercializar la red, no se descarta la entrada de grandes jugadores. “No podemos negar toda la participación de cualquier operador, móvil o fijo, porque nadie con experiencia podría entrar, y eso no tendría sentido”, afirmó.
“Pero tampoco podemos abrir la puerta a la participación que pudiera implicar discriminación a terceros más adelante”.
Por otra parte, Aspe subrayó que, aunque los documentos que se publicaron ayer serán sometidos a consulta pública durante octubre próximo, ya son los definitivos.
Se dieron a conocer la convocatoria, el modelo de contrato de Asociación Público-Privada que firmará el concursante ganador, el modelo de título de concesión de espectro y el modelo de título de concesión única, cuya vigencia es de 20 años.
“Este es una publicación que hacemos juntos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la SCT, por lo tanto hay documentos que son regulatorios y hace el IFT, y hay documentos que son más parte contractual, y los hacemos nosotros. Hay otros que son conjuntos, que describen el proyecto”.
