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Desde hace varios años, especialistas y medios han usado una palabra para asociarla al sistema de pensiones en México: Colapso. Entre las definiciones de la Real Academia Española para la palabra, se encuentra la de “destrucción, ruina de una institución, sistema o estructura”. Y es que distintas circunstancias han hecho que el sistema de pensiones camine hacia el borde de un precipicio desde hace varios años. Aún todavía no ve el fondo.
De inicio, cada vez más mexicanos llegan a la edad del retiro y con ello el gobierno federal mexicano cada vez aumenta más el pasivo que tiene que pagar por este concepto. Pedro Vásquez Colmenares —economista, ex funcionario público y experto en temas de seguridad social— alerta sobre este tema en su libro Pensiones en México. La próxima crisis, desde 2013.
El autor asegura que las pensiones se han convertido en “un problema nacional cuya inercia puede poner en riesgo las finanzas públicas nacionales y vulnerar a millones de trabajadores y pensionados que hoy tienen la expectativa de contar con una protección” financiera en la vejez. La magnitud del problema es muy grande y la principal debilidad estructural del sistema de pensiones es que no tiene mecanismos que le garanticen suficiencia financiera, explica el experto en un papel de investigación. Es decir, que éste depende parcial o totalmente de subsidios o aportaciones del gobierno y que no se sabe si se va a tener con qué cubrir con estas obligaciones.
O sea que si empezaste a cotizar antes de 1997 y estás completamente confiado a que el gobierno te pensione, hay malas noticias: Nada ni nadie puede garantizar 100% que esto va a suceder porque puede ocurrir cualquier eventualidad que merme estos ingresos. El que recibas esa pensión dependerá de las partidas que tenga destinado el gobierno para pagar las pensiones y puede ocurrir básicamente cualquier cosa con ellas. En palabras más sencillas: “No existe una certeza o garantía de que en un futuro se va a contar con los recursos para llevar a cabo los pagos”, asegura Ana María Montes, Directora de Consultoría Actuarial de Lockton México.
Otra “presión estructural” que observa el sistema es el monto de las pensiones que las instituciones gubernamentales tienen que pagar. Sean las entidades de control presupuestario directo, la banca de desarrollo, los estados y las universidades públicas deben (a 2010) una cantidad equivalente a 104% del PIB de ese año, según cálculos de Vázquez Colmenares. Por supuesto, esto no se paga en una sola exhibición, pero sirve para entender la magnitud del monto que se debe.
Tapen Sinha, académico del ITAM y director de Centro Internacional para la Investigación en Pensiones, en el estudio Estimación de las futuras obligaciones de pensiones del estado mexicano" (Estimating future pension liability of the Mexican Government, el trabajo fue publicado originalmente en inglés), calcula que las responsabilidades a pagar van a seguir creciendo. Cuando fue hecho el ejercicio (2012), lo que el gobierno dedicaba a pagar pensiones equivalía a 2% del PIB; pero para 2035 será de 6% del PIB.
“Así, a menos que el PIB crezca sustancialmente o los ingresos del gobierno aumenten como porcentaje de éste, creará una crisis en las próximas tres décadas”, sostiene este análisis.
Un caso que debió de prender los focos rojos desde hace mucho: Tan sólo entre 2001 y 2011, la empresa petrolera del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó siete veces su gasto en pensiones con recursos provenientes 100% por parte del gobierno, según los cálculos del académico y ex funcionario público.
A 20 años, el balance de las Afores
En los últimos meses, Chile —el creador del esquema de privatización de la seguridad social que ha adoptado México— ha vivido diversas protestas multitudinarias.
Los chilenos han depositado durante las últimas décadas sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), (lo que nosotros conocemos como Afore) y hoy, no están contentos con los resultados. Han salido a las calles con la consigna de que este esquema llegue a su fin. Las AFP’s, una de las creaciones de los Chicago boys, aquellos economistas que planearon la política económica en el gobierno de Augusto Pinochet, con José Piñera a la cabeza, están arrojando una dura realidad: las pensiones que reciben los jubilados chilenos, en una gran cantidad de casos, los están condenando a la pobreza.
El caso de este país latinoamericano es importante porque puede darnos una idea del futuro que podrían sufrir millones de trabajadores mexicanos que empezaron a cotizar después de la reforma a la ley del Seguro Social de 1997 y que, al igual que los chilenos, les permite tener para retirarse sólo el ahorro que hayan juntado en los años de trabajo. Esto más los intereses que puedan dar y menos las comisiones que cobran estas instituciones privadas que administran los fondos.
Mientras los chilenos depositan 10% de su sueldo; nosotros apenas 6.5% de manera obligatoria. Así que las dimensiones del problema seguramente se agudizarán.
“Chile está en una etapa madura de jubilaciones y lo que se está encontrando es que aún al 10% es insuficiente el ahorro. Si a ellos no les alcanzó con 10%, en México con 6.5% lo que vamos a ver son pensiones extremadamente bajas”, explica Moisés Pérez, Peñaloza, socio consultor de PWC en temas de retiro laboral.
Como alternativa a la situación, hoy todos los trabajadores tienen la posibilidad de recibir una pensión mínima garantizada, la cual es una anualidad vitalicia de un salario mínimo a cada trabajador dentro del sistema. Pero el salario mínimo en México no alcanza ni para comer, así que esta cantidad tampoco será suficiente para nadie pueda recibir un retiro digno.
La diferencia entre Chile y México es que en el primer país las personas se han empezado a jubilar bajo este esquema, que en la teoría sonaba brillante —fue parte de las reformas que Milton Friedman acuñó como el “milagro de Chile” y precisamente por ello el modelo fue tropicalizado y aplicado en varios países de América Latina, incluido México—– pero que en la práctica resultó no serlo tanto.
En el país este esquema está cumpliendo 20 años. Se espera que el primer “aforado” se jubile por ahí de 2035. Y los especialistas han alertado una y otra vez de la crisis que esto va a suponer: Se calcula que estos trabajadores van a recibir apenas entre 20% y 30% de su salario como pensión si sólo ahorran lo obligatorio. Pero eso todavía no se siente cercano, y del total de los recursos que tienen concentradas las Afores, sólo cerca de 1% corresponde a ahorro voluntario.
“Hasta que se vean los resultados de los primeros pensionados a través del sistema de las Afore y que la población vea la insuficiencia del ahorro que hoy se está destinando, entonces la población va a empezar a percibir la necesidad del ahorro voluntario”, pronostica Moisés Pérez.
Cuando la población que cotiza por este esquema llegue a la vejez, es cuando la bomba de tiempo va a explotar. El estado de las pensiones no da lugar a titubeos en cuanto a la necesidad de que cada uno se haga responsable de su futuro a través del ahorro voluntario.