Debido a que no se tiene una claridad del impacto económico de la reforma a la iniciativa de Ley sobre Justicia Cotidiana en materia laboral, las empresas y trabajadores afectados podrían interponer amparos y controversias constitucionales por parte de las entidades federativas que no estén convencidos, anticiparon especialistas.
“Los empresarios y los trabajadores que consideren que esta legislación les afecta, podrían interponer un amparo contra leyes; este tipo de amparos se pueden promover dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del dispositivo que se considera afecte los intereses; los estados tienen la misma vía, una vez que entre en vigor tienen la controversia Constitucional que puede ser promovida por las dos terceras partes de la legislatura de los estados para ir a la Corte con una controversia”, dijo el socio fundador del bufete Sales Boyoli, Jorge Sales Boyoli.
Señaló que en el caso de las entidades federativas, los están subiendo a esta reforma que tendrá un impacto económico.
“Los están invitando (a los estados) a una fiesta que les va a costar dinero porque la implementación a nivel estatal va a suponer la distracción de recursos en un entorno de recorte presupuestal”, advirtió.
Para las empresas lo que genera es cierta incertidumbre que de acentuarse por falta de una claridad y explicación, afectaría la generación de empleos.
“La esperanza que puede traer esta reforma es que se acorten los tiempos de los litigios y eso quizá lejos de desincentivar, anime al empresario”, aseguró.
Enfatizó que el “talón de Aquiles” de la actual administración es la implementación de las reformas a excepción de la laboral.
Por eso dijo que su éxito dependerá de que se instrumente en tiempo y forma.
“Lo importante es que su implementación sea exitosa para que el incentivo se dé; se lograría desincentivar por el coyotaje que ataca como un cáncer a las juntas de conciliación, porque pervierten los procedimientos para que duren mucho y los juicios crezcan en prejuicio del patrón económicamente”, estableció.
Refirió que lo que propone la iniciativa de reforma ya aprobada por el Senado y pendiente de ser avalada por los Congresos locales, es que toda la impartición de justicia, pase al Poder Judicial con lo que dependerían de un solo juez y no de sólo tres personas y se profesionalizaría; con ello se esperaría que se acorte la duración de los juicios laborales.
Actualmente la impartición de justicia está en manos de órganos tripartitas que dependen del Poder Ejecutivo, de la secretaría de Trabajo y Previsión Social en el ámbito federal, y de los gobernadores de los estados, explicó.
Otra parte de la reforma es la creación de un organismo conciliatorio como instancia previa a un litigio. ”Para poder ir a un litigio, habrá que ir a este organismo e intentar conciliar el asunto, con esto se pretende que haya un primer filtro y que los litigios que lleguen a un procedimiento por despido o por otra causa, sean menores”, expuso.
El tercer punto de la reforma, es tener un Registro Federal de Contratos Colectivos, es decir todo el tema de los depósitos de dichos contratos de los sindicatos estarán en un organismo público descentralizado federal que será el mismo que hará las conciliaciones, ya que con ello se pretende evitar y reducir las extorsiones tan frecuentes en materia de huelgas, destacó.
Mencionó que la reforma tendría que ser aprobada por los Congresos estatales, al tratarse de cambios Constitucionales, para lo cual basta con que sea avalada por mayoría simple, la mitad de las entidades más una, para que se proceda a su publicación.
Dijo que los artículos transitorios establecen que habría un periodo de un año para poder implementarla. “Asumiendo un poco los calendarios legislativos, esta reforma debería estar siendo implementando hacia el 2018”, estimó.
En ese contexto, dijo que cobra relevancia que se analicen sus efectos y perspectivas, para lo cual servirá el “Foro empresarial con los impartidores de Justicia Laboral: Inquietudes, retos y oportunidades de ambas partes”, que se llevará a cabo este 25 de octubre.
Lo anterior frente a uno de los pendientes de la economía mexicana, para elevar la competitividad, como los es mejorar la justicia laboral.
En su opinión, otra asignatura que quedan a deber es el tema de la subcontratación por medio del outsourcing.
tcm
