cartera@eluniversal.com.mx
Para 2016 se va a aplicar un recorte preventivo efectivo y de inmediato al gasto en la administración pública federal que incluye a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 132 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.7% del tamaño de la economía, anunció el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
Éste es el “tercer apretón al cinturón en el sector público” que se hace en la presente administración y el segundo para 2016, para soportar la caída de los ingresos petroleros y el efecto de la depreciación del tipo de cambio.
En conferencia de prensa, Videgaray explicó que a pesar de que se cuenta con coberturas petroleras, el deterioro del entorno global, hizo necesario que se tomaran medidas adicionales como reducir más el gasto corriente, cuyo impacto en la economía, aseguró, va a ser limitado, pues no contempla más despidos de servidores públicos, además de que se va a concentrar en proyectos de inversión no calificados.
“Las coberturas petroleras protegen los ingresos del gobierno federal para 2016 pero no los de 2017; por lo tanto, derivado de la evolución reciente del precio del petróleo, es recomendable realizar un ajuste preventivo al gasto que permita alcanzar las metas de consolidación fiscal establecidas para 2017”, manifestó Videgaray.
Esto permite cumplir el objetivo de no subir impuestos ni proponer nuevos gravámenes, y tampoco un mayor endeudamiento público, expuso.
Durante un mensaje a medios, el secretario de Hacienda explicó que 32 mil 300 millones de pesos se van a recortar en el gobierno federal y 100 mil millones en Pemex.
El recorte al gasto público del gobierno federal se va a concentrar 60% en rubro corriente, especialmente en menores dispendios para viajes nacionales, telefonía y otros servicios.
Videgaray Caso comentó que no se van a afectar las áreas de seguridad ni los programas de la Secretaría de Desarrollo Social.
El gasto de inversión va a representar 40% del ajuste, es decir, un poco más de 13 mil millones de pesos, en el que se van a sacrificar proyectos que no tienen de manera inmediata una viabilidad técnica o incluso jurídica, señaló Videgaray, quien mencionó como ejemplos los que no están todavía inscritos en la cartera de la Secretaría de Hacienda, en la Unidad de Inversiones, o que no cuentan con los requisitos técnicos para empezar.
Se protegen los proyectos de inversión prioritarios como las partidas relacionadas con el desarrollo del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Ligero en Guadalajara y el Tren México-Toluca, entre otras obras que son prioridad para la administración.
Acerca del tema de la capitalización de Petróleos Mexicanos que va a realizar el gobierno, el secretario de Hacienda adelantó que puede hacerse con recursos del remanente de operación del Banco de México que próximamente le va a entregar.
Gasto eficiente. El recorte al gasto público es una señal para los mercados e inversionistas extranjeros que hay un manejo prudente de las finanzas públicas, reconocieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.
“Es una acción que el gobierno federal tenía que implementar ante todos los sucesos que han pasado. Pemex está entrando en un proceso de transición para insertarse en un mundo con bajos precios del petróleo”, comentó Sunny Villa, coordinadora del área de gasto público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
“Los tiempos de bonanza petrolera ya pasaron y en ese sentido se va a buscar que el uso de los recursos públicos sea cada vez sea más eficiente, que cada vez se invierta más en lo que realmente tiene un rendimiento de largo plazo, que impulse el crecimiento económico y el desarrollo, y en ese tenor es que esperamos que exista una revisión profunda, más allá de lo que se hizo el año pasado del gasto público, advirtió Sunny Villa.
El profesor e investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez, explicó que dicho ajuste nuevamente impacta en gran proporción a la empresa productiva del Estado, que corre el riesgo de que con recortes, muchos directivos que son operadores o diseñadores de programas queden fuera, lo que puede afectar la capacidad del gobierno federal para avanzar en proyectos.
