Desde la aprobación en Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en septiembre pasado se habla mucho de la importancia del sector privado para el logro de los mismos. Pero muchos empresarios se preguntan de qué sirven estos objetivos, ya que la también llamada Agenda de Desarrollo 2030 incluye una variedad de temas, como la pobreza y la desigualdad, la preservación del capital natural, la educación y los derechos laborales, entre otros, que en el pasado pertenecían al ámbito de acción de los gobiernos y organismos internacionales.
Una de las razones de por qué deben importarles a los empresarios los ODS es que sin su participación en la definición e implementación de esta agenda sería imposible crear un entorno favorable para la continuación de sus negocios e incluso la creación de oportunidades tanto de innovación como para el desarrollo de nuevos mercados.
Ante un mundo cada vez más complejo, es clara la incapacidad de los gobiernos de ofrecer, por sí solos, bienes públicos que logren resolver los problemas asociados al subdesarrollo y a la degradación de recursos clave como el agua y la energía, entre otros.
Pongamos como ejemplo la creciente desigualdad. Según un reporte de Oxfam, en 2016 el 1% de la población mundial habrá acumulado más de la mitad de la riqueza mundial, lo cual equivale a $2.7 millones de dólares por persona. El 20% que le sigue participa con 46% del total de la riqueza mundial, mientras el 80% se reparte el 5.5% restante.
Ante la falta de crecimiento económico en los países desarrollados, la desigualdad reduce la demanda y limita la inversión en el capital humano, afectando la creación de empleos y el surgimiento de nuevas empresas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si aumenta la participación del ingreso de los pobres y la clase media, el PIB crece, pero si aumenta el ingreso de los ricos, el PIB decrece. Si bien las empresas, de manera individual, tienen un interés directo por invertir en mejores salarios y prestaciones para sus trabajadores, con frecuencia deben responder a las necesidades de generar ganancias en el corto plazo, para responder a sus accionistas y evitar la pérdida de competitividad frente a otras empresas.
En este contexto de problemas de racionalidad colectiva, una de las ventajas para el sector privado en la implementación de la Agenda de Desarrollo 2030 es que esta facilita la coordinación de las políticas públicas y las acciones empresariales, reduciendo el costo de la acción individual. También ofrece un marco integral (social, ambiental y económico) que ayuda a resolver problemas cada vez más complicados.
Cualquiera pudiera argumentar, sin embargo, que los ODS son importantes sólo para las grandes empresas globales. Pero son cada vez más evidentes las oportunidades también para los pequeños empresarios. Un estudio reciente de la aseguradora AXA, Business unusual: Why is the climate changing the rules for our cities and SMEs?, revela que al 75% de los directores de 1,000 PYMES que entrevistaron les preocupan las afectaciones del cambio climático (los huracanes, las inundaciones, pero también las sequías) a sus operaciones, pero no cuentan con un plan para enfrentarlas. Así, este sector, que es el más grande y genera el mayor número de empleos en cualquier país del mundo, representa un área de nuevos negocios para el diseño de planes de mitigación de riesgo y de resiliencia frente al cambio climático, pero es también clave para lograr los objetivos planteados.
Al ofrecer una base científica para la definición de las 169 metas y más de 300 indicadores, que permiten el seguimiento a los avances en la consecución de los 17 objetivos, la Agenda de Desarrollo 2030 permitirá a las PYMES contar con metodologías y herramientas para medir e introducir las mejores prácticas de sostenibilidad en sus negocios. Esto puede traducirse en ventajas competitivas para estas empresas.
Directora fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad, EGADE Business School-Instituto Tecnológico de Monterrey
