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En los momentos económicos como los que estamos viviendo, será sano que los gobiernos locales hicieran el ejercicio de presupuestar bajo una base cero, consideró la encargada de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda, Marcela Andrade.
“Creo que es un sano ejercicio y hoy en aras de lo que estamos viviendo en materia económica, y sobre todo lo que viene hacia delante, creo que es un ejercicio muy oportuno”, dijo a EL UNIVERSAL en una entrevista para hablar sobre la importancia de la propuesta de la reglamentación secundaria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios (LDF).
La funcionaria ve factible que los entes locales apliquen este análisis que hará el gobierno federal para 2016; “parar en el tiempo y ver si el programa está rindiendo los frutos que debe rendir, los resultados, si abarca la población que se le está dando el servicio, evaluar en todos los sentidos cada uno de los programas y recapitular y ver si la asignación de esos recursos es lo óptimo”.
Este ejercicio de presupuesto base cero puede darse ahora que con la LDF y la propuesta de leyes para su aplicación, se busca promover finanzas públicas sostenibles a mediano y largo plazos, la eficiencia en el ejercicio de los recursos, la transparencia y generar un proceso competitivo entre bancos, afirmó.
La funcionaria destacó que dentro de las reformas, estaba pendiente y viene a complementar lo que en años pasados se ha instrumentado con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la de transparencia y la que viene de anticorrupción.
“Es una parte del rompecabezas que también va hacer que en su conjunto se promuevan estos principios”, afirma.
Tiros de precisión
Aseguró que la regulación secundaria será de fácil instrumentación y sin costo, por lo que no corre el riesgo de que se retrase su aplicación.
“No se trató de generar reglas, reglas y reglas; fue un poco más tiros de precisión. Creemos que se debe dar un orden en el gasto de los entes públicos. El cumplimiento no discrepa con la aplicación de la ley”, afirmó.
Si no tendríamos la Ley General de Contabilidad Gubernamental que ha tomado tiempo ponerla en práctica, no se puede haber propuesto la LDF. Ley de Disciplina Financiera se hizo bajo un horizonte de menor tiempo, hay algunas disposiciones que tienen cierta transitoriedad por los límites y adecuaciones que se tienen que hacer. El horizonte de transición no contempla más allá de seis años, aseguró.
Reconoció que se necesitará mucha capacitación, sobre todo para los municipios, para crear el registro de proyectos que se les pide y con ello lleguen bien preparados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una prevalidación; así el ejercicio del gasto será más ágil, oportuno y transparente bajo un orden.
Aclaró que la regulación no es opcional, incluye al Distrito Federal y delegaciones con excepción del tema de la deuda por tener el aval federal.
Tasa efectiva
Marcela Andrade aseguró que de aprobarse esta propuesta, se generará un proceso competitivo entre los bancos privados con la introducción de lo que será la tasa efectiva, una especie de CAT (Costo anual Total) que en una sola medición abarque el costo de un crédito (comisiones, apertura, reestructura).
“Se verá en una comparación de igual a igual, quién está contratando el crédito más barato, es decir quién está contratando una menor tasa efectiva en un crédito. A veces hay una tasa barata, pero con comisiones altas o al revés. La regla es tomar el crédito más barato”, manifestó.
Los estados deberán invitar por lo menos a cinco bancos y de esos obtener dos propuestas y escoger la de menor costo, explicó.
Banco de proyectos
Las entidades federativas tendrán que crear un Registro Estatal de Proyectos, mediante el cual se busca generar desde la base proyectos que estén bien sustentados para que cuando lleguen a la Secretaría de Hacienda tengan un visto bueno de lo que deben de cumplir en cada una de las reglas de los diferentes fondos sobre los cuales se bajan los recursos para los estados y los municipios.
El Registro municipal, será sólo para los ayuntamientos con más de 200 mil habitantes. La idea es tener “bancos de proyectos”.
El registro pretende que en cada una de las entidades exista una dirección que apruebe el cumplimiento de cada una de las disposiciones.
