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Desde que inició el proceso electoral y hasta el dos de junio, 110 políticos han sido privados de la vida. Es el punto más álgido del fracaso peñanietista en materia de seguridad y preludio de un cambio en el país.
Al igual que todos los mexicanos, las campañas de los candidatos en varias regiones del país han sido alcanzadas —como nunca antes— por la violencia que promueve el crimen organizado. Sin posibilidad de blindaje, la elección va, pero se tensa.
Vamos a la deriva, sin garantías elementales. La impunidad que rodea a la mayoría de homicidios de aspirantes es preocupante, aún falta casi un mes de campaña y los demonios andan sueltos. Pueden ocurrir hechos aún más graves.
Hay el propósito de que esta elección se resuelva a balazos o billetazos. El dinosaurio se niega a morir, los priístas saben que, en un escenario de baja participación en las urnas, tienen su mejor oportunidad para que la compra del voto surta efecto.
Las renuncias de candidatos, la sustitución de fórmulas, incluso de planillas enteras, producto de las presiones y amenazas que reciben, son hechos que no han sido plenamente documentados, pero que son clave para entender el desarrollo atípico de este proceso electoral y el riesgo que vive nuestra democracia. Gane quien gane este primero de julio, el país quedará dividido en una geografía de intereses oscuros.
La violencia es un factor que inhibe la participación de los ciudadanos: a mayor tasa de homicidios, menor tasa de participación, sobre todo en municipios de desarrollo bajo, advierte el estudio Las balas y los votos: Efectos de la violencia en el comportamiento y actitudes de los ciudadanos en México, realizado por investigadores Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
¿Qué peso tendrá el miedo que se vive en muchas regiones del país? ¿Será el resorte que mueva la alternancia o los mexicanos se quedarán en sus casas? ¿Sesgará el voto hacia los intereses del poder fáctico? ¿Seguirá la autoridad ministerial ausente? ¿Prevalecerá la impunidad como hasta ahora?
El rechazo a la violencia y corrupción están detrás del enojo social que moverá el voto de millones de mexicanos. Cerrar 2017 como el año más sangriento de los últimos 20 años y concluir un sexenio de corrupción. Yo creo que esta indignación sacudirá las conciencias y se convertirá en la energía de cambio.
El desánimo es tan grande como la cifra de pobres en el país. Este cansancio se expresará el 2 de julio con un voto de castigo pero que podría ir en una dirección equivocada.
El informe Latinobarómetro 2016 da a conocer que, en el país, al 46 por ciento no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudiera resolver los problemas económicos; el 57 por ciento demanda más orden que libertad y en 2015 y 2016 sólo el 48 por ciento apoya a la democracia.
Este proceso electoral será recordado no sólo por sus resultados. Nadie olvidará la muestra de fuerza letal que ostentó el crimen organizado, así como su interés por inclinar la balanza; la impunidad en que permanecen la mayoría de los asesinatos en este México de plena injustica.
Al momento de sufragar, la gente tendrá dos opciones: votar por un candidato que ya pactó con el régimen priísta y ofrece amnistía a delincuentes o hacerlo por un opositor cuya principal propuesta es desmantelar el modelo presidencialista y hacer las correcciones necesarias el modelo de seguridad, pero castigando el delito. Que México decida.
Ex secretaria general del PRD
