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El interés en abatir la corrupción proviene de los efectos que ésta tiene en el país que la padece, tales como: ineficiencia de los servicios públicos, disminución de la confianza en las instituciones públicas e incremento del costo de las transacciones públicas, por ello, en el campo de la administración pública, el combate a la corrupción es uno de los temas centrales en la OCDE.
El fenómeno de la corrupción no es nuevo en México ni en el resto del mundo, de hecho 140 países han firmado a la fecha la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, en México es obligatoria desde el 20 de julio de 2004, la mayoría de las recomendaciones que establece ese tratado internacional han sido implementadas, desde la legislación de nuevos delitos hasta la cooperación entre los países para la obtención de pruebas y recuperación del dinero objeto del delito.
Los resultados, lamentablemente, no han sido satisfactorios. La población percibe altos índices de corrupción tanto en las instituciones públicas, como entre entidades privadas. Un ejemplo claro es el delito de “cohecho”, lo que comúnmente conocemos como mordida, cuando un servidor público pide o acepta dinero a cambio de realizar u omitir determinado acto relacionado con sus funciones. Éste delito siempre ha estado en el Código Penal, y, aun así, es una práctica recurrente a pesar de que la ley amenaza con aplicar una pena de prisión a quien lo cometa.
Este escenario motivó a la sociedad civil a impulsar reformas constitucionales, expedición de leyes en materia de transparencia, de responsabilidades administrativas, de responsabilidad patrimonial del Estado, de responsabilidad política y penal, y la conformación de un sistema nacional anticorrupción.
Las propuestas de solución antes reseñadas son estrictamente jurídicas, y el Derecho no es siempre eficaz para resolver todos los problemas sociales. En el caso de la corrupción, desde luego es importante tener un marco normativo sólido, pero es insuficiente por sí mismo. La prueba está en que no hemos sido capaces de resolver el problema.
El 8 de septiembre inició formalmente el proceso electoral federal y de acuerdo con nuestra Constitución, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar, entre otras cosas, que “mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”, cuya seguridad protege. Esto es lo que ataca la corrupción. Trastoca la competitividad, limita el crecimiento económico y, como consecuencia, la distribución del ingreso y la riqueza es injusta. Más adelante, en su artículo 26, la Constitución establece que la planeación, que será democrática y deliberativa, “recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”.
Estamos en el arranque del proceso de renovación de la primera magistratura de la nación. Cada seis años un nuevo Presidente asume el compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución, y nos revela la estrategia que marca la pauta de su gobierno, en el Plan Nacional de Desarrollo. Los presidenciables tendrán la responsabilidad de plantearse particularmente el tema del combate a la corrupción, sin tratar de evidenciar más casos, de lanzarse culpas, acusaciones, o analizar la naturaleza del problema, que ya todos conocemos, sino de generar una estrategia integral para solucionarlo, una que puedan plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo, donde tendrán que precisar líneas de acción específicas, que sean idóneas para alcanzar el objetivo propuesto, factibles con los recursos que se cuentan.
La nación ya cuenta con un marco legal para cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora se debe terminar con la implementación de las reformas mediante acciones ejecutivas eficaces, sin espacio para privilegios, excepciones o tolerancia alguna respecto de quien traicione la confianza de los mexicanos que les confiaron un cargo público, ni para quienes en pos de un interés personal, alimenten este cáncer que tanto daño sigue haciendo a la sociedad. Los candidatos a la Presidencia deben tener presente que combatir la corrupción es cumplir y hacer cumplir la Constitución, y si van a hacer ese juramento al ocupar el cargo, ya no deben reiterarnos que lo harán, sino explicarnos cómo pretenden hacerlo, Pitágoras afirmó: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres.
Consejero de la Judicatura Federal
