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El primero de julio de 2018 los mexicanos tenemos una cita con la elección más grande de nuestra historia. Ese día, los casi 88 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, votaremos por 3 mil 416 cargos de elección popular, entre los que destacan el Presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales (tanto de mayoría relativa como de representación proporcional), 9 gobernadores (incluyendo la Ciudad de México), 982 diputados locales y mil 596 presidentes municipales en 24 estados. A excepción de Baja California Norte y Nayarit, todos los estados de la República celebrarán elecciones locales en su territorio.
Pero esta elección no sólo destaca por su tamaño, sino por las condiciones paradigmáticas en las que se presenta. Al día de hoy, parece que sólo uno de los partidos que participarán en la contienda electoral tiene definido a su candidato presidencial, el resto se encuentra en un período de negociación y definición, no sólo respecto de su candidato, sino de las posibles alianzas que puedan formar.
Paralelamente a los partidos políticos, entraron a la competencia las candidaturas independientes, ciudadanos que pueden contender para puestos de elección popular, incluido el de Presidente de la República.
El proceso de inclusión de esta opción en nuestro escenario electoral comenzó en marzo de 2004, cuando el señor Jorge Castañeda Gutman solicitó el registro de su candidatura independiente para competir por la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2006. El entonces Instituto Federal Electoral resolvió que el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular correspondía únicamente a los partidos políticos nacionales. El afectado impugnó los artículos 175, 176, 177 y 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que imponían el requisito de pertenecer a un partido político para participar en la elección mediante el Juicio de Amparo; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que esta vía era improcedente precisamente porque no estaba prescrita en la ley.
El asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió que la falta de un recurso efectivo para defender los derechos político electorales del señor Castañeda constituía una violación al derecho a una protección judicial efectiva. Respecto de las candidaturas independientes indicó, sin considerarlas obligatorias en términos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pueden ser un mecanismo para fortalecer los derechos políticos, el acercamiento de las instituciones a las personas y la profundización de la democracia.
El debate en México sobre este tema impulsó la reforma electoral de 2012, que incluyó en la ley la figura del candidato independiente, la cual quedó debidamente reglamentada en 2014. Así, en las elecciones de 2015, finalmente los ciudadanos optaron por candidatos independientes. Por esta vía, Jaime Rodríguez logró el cargo de gobernador de Nuevo León, Manuel Clouthier el de diputado federal por Culiacán y Pedro Kumamoto el de diputado local en Jalisco.
El modelo de Estado mexicano ha logrado construir e implementar una serie de reformas en materia electoral, los expertos señalan que nuestra democracia está en vías de consolidación, pero que faltan muchos cambios por concretar, la realidad social dinámica y el surgimiento de nuevos factores ponen a prueba las relaciones políticas y económicas de nuestro país, es necesario que la ciudadanía participe más que nunca en la vida pública ejerciendo sus derechos, esa es la esencia de la democracia.
Consejero de la Judicatura Federal