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La situación relativa a la seguridad en México continúa siendo precaria, con el país experimentando violencia renovada en niveles inaceptables. El año 2017 fue uno de los más violentos en la historia de México, y la violencia ha continuado en este año. El incumplimiento de la ley y el orden a gran escala ayudó a impulsar a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México. Aunque la forma precisa en la que AMLO pretende recuperar la seguridad pública permanece, en términos generales, poco clara, una propuesta previa es bastante prometedora tanto para México como para Estados Unidos.
De acuerdo con Alfonso Durazo, a quien López Obrador eligió como su jefe para temas de seguridad pública, la nueva administración intentará crear una policía fronteriza mexicana. Esta corporación operaría en las fronteras norte y sur de México y estaría enfocada en reducir los flujos de armas, drogas y migrantes indocumentados. Esta propuesta es un paso necesario en el desarrollo de instituciones modernas de procuración de justicia y manejo fronterizo en México.
Históricamente, el gobierno mexicano ha evitado acciones y políticas que tuvieran similitud a aquellas implementadas por EU en materia de migración y seguridad fronteriza. La política nacional militaba en contra de esto, ya que significaría, en efecto, que el gobierno mexicano tendría que actuar en contra de sus propios ciudadanos, quienes eran migrantes por motivos económicos hacia EU. Esta situación, implica dificultades políticas y financieras, además de que la ley mexicana establece el derecho de migrar para sus ciudadanos. Desde la visión de los servidores públicos mexicanos, el requerimiento legal se extendió hasta el punto de prevenir cualquier esfuerzo de su parte por controlar la forma en que los migrantes salen del país. La cooperación con las autoridades fronterizas estadounidenses en esta área brillaba por su ausencia.
En la década de 1990, se inició un progreso bilateral para atender la seguridad fronteriza. México creó los Grupos Beta al interior de su agencia migratoria nacional (Instituto Nacional de Migración). Los Grupos Beta no arrestaban migrantes indocumentados, pero proporcionaban ayuda a migrantes en peligro. Asimismo, proporcionaban información sobre los peligros de cruzar la frontera, y podían arrestar a traficantes. Por primera vez, los Grupos Beta se constituyeron en una contraparte, aunque pequeña, para mantener comunicación regular con la Patrulla Fronteriza de EU.
La causa profunda para este brote de coordinación fue la creciente evidencia del impacto que el TLCAN tendría en la relación entre México y EU. Cientos de miles de mexicanos, desplazados de la agricultura tradicional y afectados por las fluctuaciones monetarias, emigraron al norte. Los flujos comerciales comenzaron su expansión masiva de $80 billones en 1993 hacia $685 billones el año pasado. Por primera vez desde la Guerra México-EU del siglo XIX, la zona fronteriza, que por mucho tiempo había sido el hijastro tanto para Washington como para la Ciudad de México, empezó a tener verdadera importancia.
La explosión de violencia en México, seguida de la elección de Felipe Calderón en el año 2006 y su histórica represión al crimen organizado, llevó a la creación de la Iniciativa Mérida entre México y EU. Esta iniciativa se enfocó principalmente en la procuración de justicia en México, y la llamada estrategia “clave” de identificar a los líderes de los cárteles. Al mismo tiempo, ayudó a sentar las bases para asumir el principio de responsabilidad compartida en materia de seguridad fronteriza entre México y EU. después de los atentados del 9/11. El concepto de “corresponsabilidad”, y particularmente su implementación operativa en el terreno, crecieron sustancialmente durante la Administración Obama, cuando ambos gobiernos lanzaron, en el año 2010, el Programa para la Administración de la Frontera del Siglo XXI.
Por importantes que estas iniciativas hayan sido, dejaron sin resolver la forma en que México protegería sus fronteras, particularmente entre los puertos de entrada. No existía, y sigue sin existir, una agencia como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU. (Customs and Border Protection – CBP), que tenga una clara autoridad en términos de aplicación de la ley y una misión para asegurar las fronteras de México.
Enrique Peña Nieto dio un paso hacia la visión de dicha agencia, al formar la “Gendarmería”, al interior de la Policía Federal de México. En teoría, la Gendarmería pudo haber asumido las funciones de seguridad fronteriza, pero esto no fue así. De cualquier forma, la Administración de Peña Nieto realizó acciones importantes para atender la seguridad fronteriza, en coordinación con EU. Dicha administración respondió de manera significativa en el año 2014 ante el flujo de ciudadanos de países centroamericanos que cruzaban sus fronteras, al implementar la Estrategia Frontera Sur. Bajo esta estrategia, la cual fue apoyada por EU, México ha deportado a más de 500 mil centroamericanos. En efecto, México estaba llevando a cabo una política de “aplicación de la ley en la frontera”, pero sin enfrentar el problema de manera pública o internamente como un asunto político.
Si bien la propuesta de AMLO es una evolución de estos esfuerzos previos, ésta representa un avance notable. Tres factores crearon las condiciones que permitieron que AMLO alcanzara esto. Primero, México ya no es un país que de manera significativa sea fuente de envío de migrantes. En el año fiscal 2017, los ciudadanos mexicanos representaron sustancialmente menos de la mitad de los arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza de EU en la frontera suroeste. De 1.6 millones de detenciones de ciudadanos mexicanos en el año fiscal 2000, la Patrulla Fronteriza arrestó solamente a 128,000 mexicanos en el año fiscal 2017. De hecho, las investigaciones muestran que ha habido una salida neta de mexicanos desde EU. en los últimos años. A medida que menos mexicanos han buscado emigrar y más ciudadanos han regresado a México, las políticas de seguridad fronteriza han ido cambiando.
En segundo lugar, y relacionado, la economía mexicana ha crecido sustancialmente. Actualmente México es la treceava economía más grande del mundo y, de acuerdo con la OCDE, será la cuarta o quinta dentro de una generación. A medida que el desarrollo de México continúa, es y será de manera creciente, un país de destino para migrantes de Centro América y de cualquier otro país. De esta manera, México está confrontado por su propia necesidad de manejar y controlar la migración, y no tiene tiempo que perder en hacerlo.
Finalmente, los ciudadanos mexicanos están cansados del crimen, violencia y la corrupción en el ámbito de aplicación de la ley que ha plagado a su país. La elección de AMLO muestra que el público mexicano está abierto a nuevos enfoques para combatir a las pandillas y al crimen organizado. Es un momento similar a “Nixon hacia China”, en el que López Obrador puede diseñar e implementar medidas que otros políticos no podían o no querían si quiera contemplar.
No solamente existen las condiciones adecuadas para una propuesta fuerte en materia de seguridad fronteriza, sino que es fundamental para incrementar la capacidad de México en torno a romper el ciclo de criminalidad y restaurar de manera significativa, la seguridad pública. La naturaleza de la violencia en México ha cambiado en los últimos años: ya no es una lucha de poder entre pocas organizaciones grandes y jerárquicamente estructuradas para controlar las rutas de tráfico hacia EU. En cambio, es cada vez más es una guerra violenta e incontrolada entre pandillas más pequeñas para controlar la distribución de drogas y otros delitos como la extorsión y el secuestro a nivel local, además de las plazas de tráfico de personas y droga hacia EU. Por esta razón, la violencia y la respuesta potencial a ésta, ahora son vistas como un problema doméstico exclusivamente mexicano.
Sin embargo, la frontera permanece profundamente conectada con el ciclo criminal en México. Las armas de fuego y efectivo que fluyen desde EU, así como armas que vienen de Centro América hacia el norte, alimentan a las pandillas y a la violencia. El tráfico de ciudadanos centroamericanos hacia EU, provee otra línea de negocio lucrativa, y se convierten en objetivos fáciles para las actividades criminales.
Para tener éxito en restaurar la seguridad pública, México debe abordar estos catalizadores del crimen que se centran en las actividades fronterizas, así como la violencia que actualmente se experimenta en esa zona. Invertir en una policía fronteriza, a la par de otras medidas en el ámbito de la aplicación de la ley y la reforma en materia de justicia criminal, representa un enfoque inteligente para la estrategia de seguridad pública de la administración entrante en México.
México necesita de manera urgente continuar atendiendo la migración irregular. Es poco probable que la situación económica y de seguridad en Centro América mejore. Mientras tanto, cantidades importantes de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, continuarán huyendo de la pobreza y de la violencia, de la misma forma que una generación de mexicanos lo hizo antes que ellos. Con inversiones continuas en la seguridad fronteriza de EU y un crecimiento económico sostenido en México, se debe esperar que cada vez con mayor frecuencia los migrantes van a ver a México como un país de destino y no solamente como una zona de tránsito. México necesita establecer las estructuras necesarias para enfrentar este desafío en el largo plazo y uno de sus componentes es una agencia dedicada a la aplicación de la ley en las fronteras, además de incluir un proceso moderno para procesar los casos de asilo.
Por su parte, EU debe apoyar el esfuerzo de López Obrador. Una policía fronteriza competente y confiable, puede ser un activo poderoso para interrumpir los flujos ilícitos de drogas y personas hacia EU. Esto puede constituir un complemento vital para la estrategia de seguridad fronteriza estadounidense. Los parámetros de dicho apoyo son sencillamente: asesoría técnica y asistencia en la construcción de capacidades, para lo cual CBP, incluyendo a la Patrulla Fronteriza, tienen una ubicación única para proveer. Esto ayudará a México a aprender de la primera fuerza fronteriza, y ayudará a crear relaciones invaluables a nivel operativo entre las agencias, lo cual contribuye a tener asociaciones más efectivas. Mecanismos de veteo y anti corrupción podrían ser otra área de atención para la asistencia estadounidense, ya que una policía fronteriza corrupta, podría ser peor que no tener una policía en absoluto.
La experiencia y la historia nos enseñan que tratar de manejar la frontera de manera unilateral, desde cualquier lado, está condenado al éxito parcial, en el mejor de los casos. El despliegue de una policía fronteriza mexicana crea una plataforma para tener una política significativamente mayor, así como facilitar la coordinación operativa entre EU y México, que, más que otras propuestas que recientemente se han probado o planteado, impulsará el tipo de mejoras de seguridad que la Administración Trump ha estado buscando.
Bersin y Bruggeman trabajaron en Aduanas y Protección Fronteriza de EU, donde Bersin fungió como comisionado
