Votar desde la cárcel: una oportunidad para la inclusión

Del 6 al 20 de mayo de 2024, por primera vez en la historia, las personas que se encuentran en prisión preventiva que estén registradas y cuenten con credencial de elector vigente podrán votar en las elecciones presidenciales. Cerca de la mitad de las 92 mil 792 personas que se encuentran en ese supuesto en los 282 centros penitenciarios del país, deberían poder ejercer su derecho al sufragio.

La lógica detrás de la suspensión de los derechos políticos en el caso de las personas privadas de la libertad (PPL), es que por haber atentado contra el orden que impone el estado democrático, se les deben supender temporalmente los derechos políticos. Aceptando sin conceder que ese razonamiento es el correcto, la situación se vuelve más problemática cuando las personas no tienen sentencia, como es el caso del 40% de las personas privadas de la libertad en nuestro país.

Gracias a la demanda presentada por dos tzotziles privados de la libertad bajo la figura de prisión preventiva en el Centro Estatal de Reinserción Social "El Amate", en Chiapas, en 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) reconocer el derecho a votar de las personas que estan en la cárcel sin sentencia y poner en marcha un modelo para lograrlo, en concordancia con los principios pro persona, la presunción de inocencia y la progresividad de los derechos. De lo contrario, en sentido práctico estaríamos frente a una presunción de culpabilidad con consecuencias irreparables en el caso de que al final del proceso la persona resulte inocente.

En 2021 se realizaron pruebas piloto en 5 cárceles del sistema federal de Ceferesos en las que votaron solamente 898 personas. Posteriormente, como un ejemplo de éxito en el que incluso hubo observadores externos, en 2023 votaron para la gubernatura 4,518 PPL en 20 centros penitenciarios del Edomex. En el mismo proceso, en Coahuila participaron únicamente 12 mujeres.

Para las elecciones de este año hay dos estados que no han llegado a un acuerdo con el INE: Yucatán y Veracruz. En el caso de Yucatán, no ha habido ninguna explicación. En Veracruz, donde hay más de 4,500 personas en prisión preventiva distribuidas en 17 penales, el gobernador Cuitláhuac García se negó a cumplir con lo ordenado por el INE señalando ¨Nosotros estamos lidiando con los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel. La pregunta que haría al INE es: ¿quieren que ellos voten? ¿Quieren poner en riesgo la seguridad para que los feminicidas voten?".

La falacia que utiliza el gobernador veracruzano no se sustenta en los hechos, ya que la gran mayoría de las personas en prisión preventiva en su estado, está por delitos menores, además de que la decisión del tribunal electoral atañe a quienes aún no han sido sentenciadas y por lo tanto se presume su inocencia. Con casi 1,600 feminicidios en lo que va de su mandato, el gobernador de Veracruz debería concentrar sus esfuerzos en mejorar la seguridad y la gobernabilidad en su sistema penitenciario, en lugar de estigmatizar a los PPL e incumplir lo que dicta el INE. Sus comentarios ponen en evidencia una de las falencias del artículo 38 constitucional, que no distingue entre las personas recluidas por delitos menores y graves, culposos y dolosos.

La mitad de los países que integran la Unión Europea y cuatro países en América Latina reconocen el derecho al voto de las personas privadas de la libertad sin ningún tipo de restricción. El voto activo es un elemento de socialización y no existen razones suficientes para que una persona sujeta a un proceso penal no pueda ejercerlo. Si acaso, el debate debería estar dirigido al derecho a voto de las personas recluidas que ya tienen sentencia condenatoria. Una igualdad real debe dar el mismo valor a todas las personas; además de que privar de sus derechos políticos a los PPL los excluye de la vida social y no abona a una futura reinserción. Considerarlos, obligaría a los candidatos a proponer acciones claras para la reinserción, la mejora del sistema penitenciario y por ende de la seguridad pública en nuestro país.

@EuniceRendon