Ayer, un evento sin precedentes sacudió la Suprema Corte de Justicia: todos los gobernadores firmaron y enviaron una carta a la ministra presidenta, solicitando la retención de la prisión preventiva oficiosa. Este inusual consenso entre líderes de diferentes partidos políticos plantea la pregunta: ¿qué motivó a gobernadores con ideologías tan diferentes a unirse en este tema?
La prisión preventiva oficiosa, en su esencia, busca mantener tras las rejas a aquellos acusados de delitos graves, evitando su posible fuga durante el proceso judicial. Sin embargo, la realidad de nuestro sistema de justicia revela su incapacidad para garantizar que los delincuentes de alto perfil no eludan la ley. Es por ello que esta medida se instauró en primer lugar.
Sin embargo, la lamentable realidad es que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa se ha desviado de su propósito original. Se ha convertido en un instrumento para encarcelar a presos políticos y personas inocentes durante largos periodos, sin siquiera haber sido juzgados. La condena de esta práctica por parte de la Corte Interamericana de Justicia llevó a la orden de su eliminación del sistema jurídico mexicano.
Ante este panorama, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado el proceso para cumplir con esta obligación internacional. Sin embargo, tanto los gobernadores como la presidencia de la república, a pesar de ser conscientes de esta exigencia, se oponen firmemente a su abolición. Esta resistencia refleja una preocupación por la seguridad pública y el temor a que la eliminación de esta medida pueda conducir a un aumento de la impunidad y la inseguridad en el país.
Por otro lado, algunos críticos argumentan que la retención de la prisión preventiva oficiosa es una estrategia política para mantener el control sobre la oposición y silenciar a disidentes. Además, existe la preocupación de que su eliminación pueda llevar a una sobrecarga en el sistema de justicia, provocando retrasos en los procesos judiciales y la liberación de delincuentes peligrosos.
En última instancia, el debate sobre la prisión preventiva oficiosa refleja los desafíos y las complejidades del sistema de justicia mexicano, así como la necesidad de encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos y las garantías legales.
Pase lo que pase con la prisión preventiva oficiosa, seguramente modificará para siempre el sistema penal mexicano.