En México, el gobierno anterior reiteradamente negó la existencia de producción y tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos (EU), así como su consumo en el país. Sin embargo, la negación no hizo que el problema desapareciera, lo incrementó. Esta ceguera en términos de salud pública incluyó la cancelación de la Encuesta Nacional de Adicciones (Encodat), que en su última edición de 2016 mostraba que las huellas del opioide eran mínimas. Hoy además de la violencia y el aumento en el consumo, México enfrenta la amenaza de Donald Trump, que amagó con aranceles del 25% si no se toman medidas efectivas.
El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, utilizado de manera segura en entornos médicos como anestésico y para el manejo del dolor asociado con enfermedades terminales. Sin embargo, el uso inadecuado y el comercio ilegal han llevado a un incremento alarmante en adicciones y muertes por sobredosis.
Algunos aspectos que agregan complejidad a la crisis del fentanilo son su potencia debido a que es 50 veces más fuerte que la heroína. Una investigación de InsightCrime señala que un usuario recurrente consume al año el equivalente a un paquete de 4 gramos de azúcar, lo que facilita que pequeños productores y traficantes ingresen en el mercado haciendo más difícil la vigilancia; la competencia entre múltiples grupos criminales genera también más violencia. Además, la participación del sector privado en la provisión de precursores añade una capa de legalidad al narcotráfico, lo que exige se fomente la colaboración entre el gobierno y el sector privado.
En este contexto, en EU se implementaron cambios legales con medidas mas restrictivas a los precursores, facilitaron el acceso a tratamientos para la recuperación de adicciones y aumentaron la financiación para programas de reducción de daños. Sin embargo, esto no ha lograron un efecto significativo en el mercado.
En nuestro país a diferencia de la tozudez de su predecesor, Claudia Sheinbaum ha mostrado un enfoque distinto ante esta crisis. Durante sus dos primeros meses, se ve dispuesta a enfrentar el crimen organizado y la problemática del fentanilo, lo que representa un cambio significativo en la política de seguridad del país. Esta semana, la incautación de 1,100 kilos de pastillas que contienen fentanilo representó una acción contundente que desafía la narrativa mantenida durante los seis años previos.
No obstante, la batalla contra el fentanilo está lejos de estar ganada. Es imprescindible fortalecer las policías y fiscalías, y es aún más urgente implementar una política pública de salud que se centre en prevención y control de daños. La reactivación de la Encodat, que proporcionaría datos fundamentales sobre el consumo y la adicción, ayudaría a comprender esta creciente crisis. También es necesario que los legisladores de Morena dejen de escribir barbaridades en la Constitución, como prohibir la producción, distribución y uso ilícito de fentanilo y sustancias sintéticas, sin especificidades, pues puede tener consecuencias devastadoras, empujando a pacientes legítimos a buscar estas sustancias en el mercado ilegal.
Frente a esta crisis, la Presidenta tiene la oportunidad de liderar una estrategia que no solo se adapte a las exigencias de Trump, sino que impulse un marco jurídico global y de cooperación internacional con una política de prevención, que considere la complejidad del fenómeno del fentanilo. Se requieren iniciativas inovadoras que prioricen la salud pública y la seguridad.
La administración de Sheinbaum, al enfrentar abiertamente el reto del fentanilo, puede posicionarse al frente de un problema que está afectando a muchos países. La clave para el éxito no reside en la prohibición sino en un enfoque multidisciplinario que contemple la prevención, el acceso a tratamientos y la necesidad de una legislación que no apunte a castigar a quienes consumen, sino que evite su consumo y la violencia.
Presidenta de Causa en Común