Este lunes 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional Contra la Corrupción, una oportunidad para reflexionar sobre los avances y desafíos en la materia. En el actual contexto en que la aprobación de la extinción del INAI se encuentra en sus etapas finales, me permito compartir algunas consideraciones al respecto y relacionadas con la no corrupción.
Uno de los argumentos que se blandieron para promover la extinción del INAI es que éste no resolvió la corrupción y que, por el contrario, sirvió como encubridor de ilícitos en los gobiernos previos a 2018. Ante este discurso es necesario precisar que el INAI nunca ha tenido funciones de combate a la corrupción. El combate a la corrupción realmente está a cargo de otras instancias como la ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción. En la práctica, la corrupción son faltas administrativas y delitos específicos, que deben ser identificados, investigados y, en su caso, sancionados. Nada de esto corresponde al INAI. Este Instituto es más bien un organismo del Estado que tutela los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Por tanto, cuando salen a la luz casos de corrupción, no se puede señalar al INAI como responsable o fallido.
Por el contrario, ha sido gracias al ejercicio del derecho de acceso a la información que se han conocido casos como los negocios de los hijos de Martha Sahagún presuntamente con tráfico de influencias, los elevados costos de la Estela de Luz en el gobierno del presidente Calderón, la Estafa Maestra en el gobierno del presidente Peña Nieto y el caso Segalmex en el gobierno del presidente López Obrador. Será interesante ver si con el nuevo diseño institucional de la transparencia se conocen nuevos casos de corrupción de alto impacto financiero o mediático.
También es importante señalar que la extinción del INAI necesariamente impactará en la percepción de corrupción del país, lo cual es particularmente grave en la posición actual de la economía mexicana ante los mercados internacionales, ya que uno de los factores que influyen en la determinación de calificaciones de riesgo-país es justamente la corrupción. En pocas palabras, la corrupción aleja inversiones y la extinción de mecanismos probados de transparencia aumentan la posibilidad de corrupción.
Concretamente, la eliminación del INAI y el engranaje de transparencia que ofrece abrirá nuevas posibilidades a la opacidad en procesos de la gestión pública sensibles a la corrupción, tales como las contrataciones públicas, la entrega de beneficios de programas sociales y la asignación de licencias y permisos diversos.
Sobre la presunta corrupción por parte del propio INAI debo señalar con firmeza que debe ser investigada y llegar hasta sus últimas consecuencias. Si esta presunta corrupción es uno de los motivantes para promover la extinción del Instituto, lo ideal sería identificar a los responsables específicos y sancionarlos como sea debido, porque el común del personal del INAI son personas íntegras y altamente profesionales.
En este próximo Día Internacional Contra la Corrupción les invito a que reflexionemos si la extinción del INAI y sus equivalentes en los estados representa un avance o un retroceso, no sólo en materia de derechos humanos, sino también de gobernanza, integridad y confianza en el Estado mexicano.
Comisionado Presidente del INAI
